Santo Domingo, RD.- Hoy tocó a los abogados de Alejandro José Montero Cruz, imputado en el caso Coral, presentar su contrarréplica y defenderlo ante el tribunal de las acusaciones que le hace el Ministerio Público al sargento de la Armada Dominicana.
El militar es acusado de tráfico ilegal tras encontrarles varias armas de fuego en el allanamiento realizado por el Ministerio público en el apartamento que reside.
El inmueble donde vive el Montero Cruz es propiedad del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado del entramado de corrupción que supuestamente funcionaba a lo interno de los cuerpos castrenses y que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
Su abogado Félix Portes explicó ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que no hay una sola prueba que lo vincule con los demás imputados en el proceso judicial.
El jurista también pidió al tribunal que el proceso judicial en contra de su cliente sea separado de los más encartados y que se cambie la tipificación jurídica de tráfico internacional de armas o de acopio ilegal de armas a simple posesión de armas ilegal.
¿Por qué habría que cambiar la tipificación jurídica? Portes respondió: “Porque no hay evidencias de que él haya traficado armas, no hay evidencias de que él haya usado su apartamento donde él vive con su esposa y su niña para un almacén, son simplemente tres armas”.
El jurista dijo que las procedencias del dinero de Montero Cruz, quien guarda como medida de coerción presentación periódica e impedimento de salida del país, son a raíz de las ventas de vehículos que realiza como actividad comercial junto a su pareja.
“Que se cambie la connotación jurídica de tráfico internacional o de tráfico de acopio ilegal de armas a simple posesión y tenencia ilegal de armas, y que por esto se decline el expediente de él a lo que sería una Cámara Penal unipersonal porque la pena no excede los cinco años”, indicó Portes.
Este proceso judicial se encuentra en fase preliminar, cuya audiencia, que conoce la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continúa el próximo viernes.
Imputaciones
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusa a treinta personas y 18 empresas de formar parte del entramado de corrupción que funcionaba a lo interno de los cuerpos castrenses y que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
El órgano acusador establece que los integrantes de la red Coral y Coral 5G movieron al menos 4,500 millones de pesos, y más de 2,000 millones fueron invertidos en bienes e inmuebles, explicó la procuradora de Corte Mirna Ortíz.
Al grupo se le imputa incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
