Santo Domingo.- Este martes podría ser el día mas esperado por el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien volverá a audiencia en busca de su libertad.
El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Amauris Martínez, conocerá a las 10:00 de la mañana el pedido de cese de la prisión preventiva contra el principal implicado en el caso Medusa.
Los doctores Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi Pumarol, abogados del acusado alegan que el pasado ocho de enero venció el plazo de los 18 meses de la prisión preventiva dictada en contra del exprocurador por la jueza Kenya Romero.
El juez Martínez fijó para el 17 de enero del año 2023, a partir de las 9:00 de la mañana, la revisión obligatoria de la coerción a Jean Alain Rodríguez .
El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa que fue desmantelado el pasado año con la Operación Medusa.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso también cumplen prisión preventiva en el citado centro penitenciario, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Mientras que Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
