El vicepresidente de Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó a los partidos políticos y a los aspirantes a liderar la nación para comprometerse con soluciones realistas y eficaces para el fortalecimiento del sistema penitenciario.
Manifestó que urge la implementación de programas interdisciplinarios que garanticen condiciones de salud, educación y vida digna en los recintos penitenciarios.
“La reforma del sistema penitenciario se presenta como una prioridad inaplazable para restablecer la integridad y eficacia de la justicia en la República Dominicana“, dijo.
Expresó este domingo que la crisis en el sistema penitenciario de la República Dominicana ha alcanzado niveles alarmantes, según el reciente informe del Defensor del Pueblo.
Mediante un comunicado, indicó que la sociedad dominicana se encuentra perpleja ante las revelaciones constantes de conductas inaceptables en los recintos penitenciarios, generando una profunda preocupación en la opinión pública.
“El Defensor del Pueblo ha destacado la gravedad de la situación, subrayando la necesidad urgente de abordar las falencias que impiden que las cárceles cumplan su propósito fundamental: garantizar el cumplimiento de las penas y crear condiciones para la reinserción social“, cita el documento.
Precisó, además, que el sistema penitenciario, en teoría diseñado para mantener el orden y la armonía social, parece haber perdido su objetivo original. En lugar de ser un espacio que fomente la rehabilitación, las cárceles se han convertido en depósitos de sufrimiento y oprobio, donde los principios democráticos y de derechos parecen ausentes.
Comunicado íntegro
La gravedad de la situación del sistema penitenciario se ha convertido en una de las informaciones permanentes de los medios de comunicación y la sociedad dominicana no sale del asombro al conocer cada una de conductas que se generan y reproducen en los recintos penitenciarios.
La sociedad dominicana recibe frecuentemente informaciones alarmantes sobre la situación de la aguda crisis que atraviesa el sistema penitenciario, como lo acaba de narrar el informe del Defensor del Pueblo.
Cada día parece diluirse el objetivo del sistema penitenciario, que no es otro que garantizar el cumplimiento de las penas de las personas culpables de violar la ley penal y crear las condiciones para su posterior reinserción social. Como toda sociedad moderna basada en principios democráticos y desde una perspectiva de derechos, nuestro sistema penitenciario está diseñado para garantizar que el orden y la armonía social sean restablecidos, lo que implica crear las condiciones para que quienes han dañado la sociedad puedan tener la oportunidad de reincorporarse a ella, sin caer en la barbarie de sociedades atrasadas.
¿Qué es lo que falla entonces, y evita que nuestras cárceles cumplan la función social que la constitución y las leyes han definido como su propósito principal?
Desde FINJUS hemos contribuido al análisis multidisciplinario para apoyar que las autoridades públicas y las organizaciones sociales dominicanas identifiquen las propuestas para hacer viables la readaptación de las personas en conflicto con la ley penal y permita superar la grave radiografía que el Defensor del Pueblo entrega a la sociedad dominicana.
Como lo hemos planteado en numerosas ocasiones, el análisis del sistema penitenciario refleja que allí no tienen cabida los principios, estructuras y normas que deben caracterizar a cualquier organización social moderna en el marco de la democracia, sino que en la práctica las cárceles se han convertido en un gran depósito de seres humanos sometidos a un régimen de oprobio y sufrimiento.
Como no somos partidarios de la crítica sin compromiso, FINJUS ha estado al lado de las autoridades del Ministerio Público y la Dirección General de Prisiones para encontrar alternativas humanizantes, modelos sustentables y prácticas que sean coherentes con nuestra democracia y sus principios.
Hemos planteado que el sistema penitenciario refleja magnificados las distorsiones, debilidades e incoherencias del sistema de justicia dominicano, lo que se refleja en las dilaciones del proceso penal, la exagerada población que padece el castigo anticipado de la prisión preventiva y que no goza de las mínimas condiciones de salubridad, educación, protección y cuidado que la constitución ordena. El Defensor del Pueblo ha realizado un diagnóstico apegado a la realidad en estos aspectos.
Ha llegado la hora de que los partidos políticos, los aspirantes a dirigir el destino de la nación desde los más altos cargos del Poder Ejecutivo hasta las municipalidades, planteen su compromiso para alcanzar soluciones realistas, sostenibles y eficaces para que nuestras cárceles dejen de ser universidades del crimen, academias de la maldad, recintos donde la venganza es la norma y espacios desde los cuales bandas organizadas planifican muertes, asaltos y dolor en la sociedad dominicana.
Reiteramos que es urgente rediseñar e implementar programas interdisciplinarios que garanticen las condiciones de salud, educación y vida digna que la constitución y las leyes disponen en los recintos penitenciarios.
Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.
25 de febrero, 2024.
