La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió ayer que el gobierno dominicano está en una encrucijada frente a los criterios incompatibles del Tribunal Constitucional y la Corte IDH, cuyas consideraciones son jurídicamente vinculantes en sus respectivos ámbitos de competencia.
La Finjus a través de un comunicado consideró que la declaratoria de inconstitucionalidad del TC, sin haber mediado posteriormente algún proceso de ratificación al instrumento de aceptación o desconocer la competencia de la Corte IDH, ha producido una suerte de estado de indefinición con relación a la posición del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Es evidente que el gobierno está frente a una encrucijada, pues la sujeción a los precedentes constitucionales le impone asumir que la sujeción del Estado a la competencia contenciosa de la Corte IDH es inválida a partir de la sentencia TC/0256/14; pero al mismo tiempo está compelido a asumir el criterio que fija la CIDH en relación a la naturaleza del artículo 62 de la Convención, que considera válida la vinculación del Estado dominicano a su jurisdicción a partir de una declaración unilateral del Poder Ejecutivo”, sostiene.
El vicepresidente ejecutivo de la FInjus, Servio Tulio Castaños Guzmán indicó que así como los criterios sostenidos por estos dos órganos jurisdiccionales, incompatibles entre sí, son jurídicamente vinculantes en sus respectivos ámbitos y, en principio, no existe jerarquía entre ambos que permita atribuir a una de las dos posiciones la solución final de la controversia interpretativa.
“Al parecer la posición presentada por el gobierno es asumir el no reconocimiento de la competencia de la CIDH, en tanto que se expone que, el Estado no compareció a la audiencia de supervisión de cumplimiento de los casos que generaron la resolución de la CIDH acogiendo lo establecido por el Constitucional; pero explicó que si ha seguido participando en las audiencias y reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la decisión del TC no alcanza a este otro órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, manisfestó.
Destacó que cuando estas situaciones se producen generan inseguridad jurídica, inestabilidad institucional y cierta desconfianza por parte de la comunidad internacional.
Añadió que en caso de pretender hacer efectiva la desvinculación de la competencia de la CIDH, los poderes públicos internos correspondientes, deben dar curso al proceso que corresponde.
Finjus exhorta a ponderar decisión
Finjus exhortó a los poderes públicos a ponderar la decisión que tomarán al respecto, ya que de la misma dependerá la posición del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Cabe recordar que las jurisdicciones internacionales de protección de los derechos humanos han surgido como mecanismos complementarios de tutela que permiten prevenir consecuencias oprobiosas cuando los Estados no han cumplido su rol primario”.
