La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) establece que para que las compras y contrataciones que realiza el Estado sean más transparentes, se deben modificar las normas jurídicas que regulan los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras.
Es por ello, que a través de un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, la entidad ha reiterado la necesidad de la reforma de la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
“La Ley Núm. 340-06 se ha tornado obsoleta en varios aspectos (lo que la ha convertido en la principal fuente de escándalos nacionales), disponiendo a su paso la imperante necesidad de que se brinde un escenario que simplifique los trámites y procesos, pero que cuente con herramientas significativas para el control y transparencia de los actos administrativos”, indica el comunicads.
La Fundación reitera que es relevante que los principios jurídicos rectores del sistema de compras sustenten un nuevo paradigma que pretenda institucionalizar en el ordenamiento jurídico dominicano una mejora en la regulación de los procesos de compras y contrataciones en el Estado.
“Desde Finjus hemos sido constantes en la reiteración de que exista un ambiente sano de contratación tanto para las empresas nacionales y extranjeras, como para las entidades públicas, las Mipymes y toda la ciudadanía”, indica.
“Animados de contribuir positivamente en el desarrollo legislativo nacional, exhortamos a que los poderes públicos actúen sobre la base del respeto irrestricto a las normas, evitando que las contrataciones recaigan en el ejercicio opuesto a su naturaleza en el ordenamiento regulatorio”, añade el documento.
Los aportes del anteproyecto
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), hizo alusión al anteproyecto de Ley General de Contrataciones que reposa en el Congreso, destaca que esta pieza vigorizaría mejoras en aspectos como los derechos del proveedor, las especificidades de la administración de los contratos y su ejecución y modificación, así como posibles casuísticas de subcontratación. La entidad asegura que estos aspectos aportarían una nueva gama de soluciones ante los conflictos de carácter administrativo que se encuentran huérfanos bajo el marco normativo vigente. Este anteproyecto fue depositado por la Dirección General de Contrataciones Públicas ante el Senado.
Programas cumplimiento regulatorio en nueva ley
La Finjus dice que es crucial que la nueva ley de compras instruya programas de cumplimiento regulatorio, conforme lo indican las mejores prácticas anti-corrupción de la época moderna.
“El régimen de investigación de la Ley No. 340-06 muestra que ya es incapaz, ineficaz e ineficiente para regular la acción del Estado para el uso óptimo de los recursos públicos, lo que, en consecuencia, significa que ya no da abasto”, sostiene el comunicado.
