La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer que “llegó la hora” de elaborar un plan nacional por la seguridad ciudadana que contemple el diseño de estrategias integrales, programas e instituciones responsables y la definición pormenorizada de los recursos que se requieren.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, dijo a través de un comunicado, que esta es una de las prioridades nacionales para encaminarnos hacia una sociedad donde la convivencia pacífica, el respeto de los derechos de los demás y la tolerancia sean el sustento del progreso económico y social y el fortalecimiento de las instituciones.
“Los recientes hechos delictivos que reportan las redes y medios de comunicación, en especial ligados a los llamados ‘secuestros exprés’, han ocupado la atención social, incrementando la preocupación y la percepción de inseguridad generalizada. Estos no son hechos novedosos ni pueden atribuirse exclusivamente a la influencia foránea”, indicó.
Amerita acción del Estado
Castaños sostuvo que para FINJUS este cuadro, que dijo lamentablemente se repite cada temporada, amerita la reflexión profunda y la acción coordinada del Estado y la sociedad sobre la seguridad ciudadana para consensuar, formular e implementar los planes y políticas que sirvan de sostén a un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con bases sólidas, recursos adecuados y voluntad política para hacer que el imperio de la ley, la prevención, la persecución y el castigo oportuno y efectivo se hagan realidad en nuestro país.
Aseguró que es urgente formular un efectivo plan de seguridad ciudadana que armonice medidas preventivas, reformas legales, institucionales, inversión pública en programas sociales, incluyendo a los ayuntamientos.
“Aprobación de Código no admite más demoras”
Castaños indicó que la aprobación del Código Penal “no admite más demoras”, dado que el actual se remonta a épocas en que el “raterismo y las fullerías”concentraban la atención social y que no está diseñado para enfrentar las nuevas modalidades de crimen organizado, transnacional y tecnológico, así como un conjunto de conductas antijurídicas diversas.
