Santo Domingo.- Fue aplazada para el próximo sábado 22 de julio el conocimiento de medida de coerción contra los empleados del Ministerio de Agricultura, Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, acusados por el Ministerio Público por supuesto desfalco en perjuicio de la institución del Estado.
La jueza Ana Lee, de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la solicitud de los abogados defensores, quienes señalan que necesitaban más tiempo para conocer las piezas del proceso.
Al ser cuestionado por periodistas mientras salía del tribunal, el procurador fiscal Ernesto Guzmán Alberto indicó que la responsabilidad penal de los imputados se ha visto comprometida en el caso de desfalco.
“Se trata de un caso de desfalco, en el cual ha resultado comprometida la responsabilidad penal de estas dos personas, por un monto que asciende a los tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000), monto que puede aumentar según las pesquisas continúen”, fueron las palabras del miembro del Ministerio Público.
Guzmán Alberto explicó que el desfalco se produjo mediante transferencias ilícitas, utilizando el usuario de NetBanking, que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura y que manejaba en ese entonces Julio Fernández, padre de Domínguez Solano.
“Se transferían los fondos desde la cuenta del Viceministerio a la cuenta de Elizondo y Elizondo a la vez retornaba a favor del hijo del viceministro”, detalló sobre el método en el que sustraían el dinero.
Además de Guzmán Alberto, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca); Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, y por los procuradores fiscales Yoneiby González y Aurelio Valdez
Guzmán Alberto dijo que el órgano de justicia no descarta que, con el desarrollo de las investigaciones, el espectro del caso pueda ampliarse.
Precisó que han solicitado la prisión preventiva como medida de coerción para ambos imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) desarrolló la investigación por la estafa de casi cuatro millones de pesos, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentara la denuncia que recibiera del Ministerio de Agricultura.
Fiscales de la Pepca presentaron la instancia de solicitud de coerción, que consta de 66 páginas, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al mediodía de este domingo.
El Ministerio Público imputa a Domínguez Solano la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También, lo acusa de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
