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La familia del asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, decidió constituirse en querellante en el proceso penal contra Fausto Miguel Cruz, acusado de dar muerte al funcionario el pasado lunes.
Debido a esto, ayer fue aplazada la audiencia de medida de coerción contra el imputado. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, reenvío la vista para mañana sábado a petición de los abogados de la familia de Jorge Mera, quienes solicitaron tiempo para conocer el expediente y poder realizar los trámites formales que conllevan convertirse en querellantes.
Ser querellante quiere decir que, a través de sus abogados, los parientes de Jorge Mera podrán presentar su propia acusación contra el imputado o adherirse a la del Ministerio Público.
Además, al margen de lo que presente el Ministerio Público, pueden aportar elementos de prueba para demostrar la culpabilidad del acusado, como también solicitar la condena que consideren pertinente y, por igual, impugnar cualquier decisión que le sea desfavorable.
Explicar proceso a la familia
Al hablar con la prensa, Miguel Valerio, abogado de la familia, dijo que pidió el aplazamiento, para, además de estudiar el expediente, explicarle también a los parientes del ministro cómo es el proceso penal que ahora sigue.
“Por una situación de prudencia, como manda un caso tan delicado como este, era de rigor que… yo tomara conocimiento de la pieza del expediente del Ministerio Público y lo principal, me sentara con la familia para explicarle lo que está ocurriendo en la justicia porque ellos no han tenido nada de oportunidad de entender qué es una medida de coerción”, explicó Valerio.
El jurista indicó que avalan la tesis del Ministerio Público de que se trató de un asesinato.
Por otro lado, ayer la defensa del imputado Fausto Miguel Cruz aseguró que hay una parte de la verdad que los fiscales no han dicho en su investigación y, además, aseguró que su defendido no es culpable.
Aunque dijeron que por un tema de seguridad y prudencia están de acuerdo con que al imputado se le imponga prisión preventiva como lo ha solicitado el Ministerio Público, el abogado Ybo René Sánchez manifestó que está “totalmente convencido” de que su defendido “no es culpable”.
El jurista Manuel Sierra agregó que lo que corresponde ahora es “determinarse qué pasó antes, durante y después del hecho”.
Fiscal asegura tienen las pruebas suficientes
Luego del aplazamiento de la vista, la fiscal Mirna Ortiz dijo que el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para poder demostrar la responsabilidad penal del imputado, a quien acusan de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. El imputado está detenido la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.