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A casi seis años de haber sido sometidos a la justicia siendo acusados de participar en el soborno para la compra de los aviones Super Tucano, los tres imputados en este proceso fueron declarados por un tribunal no culpables.

Ayer, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron sentencia absolutoria a favor del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y del coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), tras determinar que las pruebas presentadas durante el juicio no establecieron la responsabilidad penal de estos imputados.

Por igual, las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, absolvieron de las acusaciones al empresario Daniel Aquino Hernández y a las empresas imputadas 4D Business Group y Magycor. Además, el tribunal ordenó el cese de todas las medidas de coerción que pensaban contra los imputados.

En consecuencia, nadie fue encontrado culpable de haber recibido los US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) dijo haber dado en sobornos en para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate denominados Super Tucano.

No están para complacer a nadie

Este fallo absolutorio fue decidido a unanimidad. Al dar una explicación del mismo, la jueza Arlín Ventura, presidenta del tribunal, dijo que al analizar las pruebas determinaron que no pudieron ser configurados los tipos penales de sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“El tribunal concluye que no ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que se les han sido presentados”, dijo la magistrada Ventura, quien destacó que “los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político”.

“Son las pruebas las que al final dirán que procede y no procede”, agregó.

Sobre poder para comprar aviones

La jueza precisó que como la adquisición de los aviones Super Tucano se trataba de una compra de Estado, Peña Antonio para el 2007 no tenía la jerarquía suficiente para convencer al presidente de la República de interesarse en el proyecto ni al Congreso de aprobarlo.

“No se ha presentado pruebas de que… Peña Antonio tuviera el poder de incidir en la toma de decisiones del presidente de la República y de los legisladores para así agenciarse la confianza de Embraer de entregarle a él solo 3.5 millones de dólares, como ha dicho el Ministerio Público sin el contacto, la autoridad y la atribución necesaria en una compra de Estado”, manifestó.

Tenían gran oportunidad para acusación robusta

La juzgadora estableció que aunque el soborno alegado era de 3.5 millones de dólares, en el tribunal no se discutió esa cantidad de dinero sino unos 100 mil dólares y otros 78 mil dólares, de los cuales, precisó, solo se hizo una referencia. Y agregó que la cooperación internacional con Estados Unidos fue una “oportunidad de oro” para que fuese presentada una acusación robusta y que este acuerdo no liberaba al Ministerio Público dominicano de realizar las diligencias y actividades probatorias pertinentes. El Ministerio Público dijo que apelará al fallo.

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