Los involucrados en la alegada red de corrupción que operaba dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) no solamente empleados de la institución y de la Policía Nacional que fueron apresados durante la operación Gavilán.
El expediente que depositó el Ministerio Público para que un tribunal conozca la medida de coerción en contra de los 12 imputados, establece que hay empleados de la Dirección General de Migración y militares de instituciones castrenses que están involucrados en este caso.
Hasta el momento, el Ministerio Público solo ha dado a conocer los nombres de los colaboradores de la Procuraduría y de la Policía que supuestamente tuvieron participación en la red, que se dedicaba a borrar fichas a personas que tenían antecedentes penales por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.
El Ministerio Público identifica a Mártires Rosario Reyes, que se desempeñaba como soporte técnico en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría, como el cabecilla de la red de corrupción que operaba dentro de la PGR.
Según el Ministerio Público, para borrar una ficha del sistema de la Procuraduría, Rosario Reyes solía cobrar entre 8,000 y 15 mil pesos a personas que tenían antecedentes penales.
Para tener mayor alcance, Mártires junto a los demás empleados involucrados de la Procuraduría, se asoció a Luis Alfredo Astacio Polanco, exmiembro de la Policía Nacional, a quien eliminaron antecedentes penales y lo integraron a la red criminal.
También están acusados de pertenecer a la supuesta red criminal Alfredo Mirambeaux Villana, encargado de administrar la base de datos; Rubén Darío Morban, encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y Pilar Yrenes Medina, coordinadora de la Fiscalía de Independencia, entre otros empleados de fiscalías.
El Ministerio Público investiga a al menos siete fiscales por su relación con la alegada red de corrupción que operaba dentro de la Procuraduría.
Mediante la operación Gavilán, las autoridades desde marzo de 2022 vienen investigando a la supuesta red, dedicada a borrar fichas a personas que tenían antecedentes penales por varios delitos.
Prestaban un servicio permanente
El expediente de alrededor de más de 300 páginas, dice que además eliminaron o alteraron más de 8,000 registros penales a cambio de sobornos que obtenían con un estructurado esquema que funcionaba como una especie de empresa criminal.
El órgano persecutor acusa a los integrantes de la red de realizar transferencias millonarias adulterando los conceptos de la operación bancaria para disfrazar el objeto ilícito de esta.
La alegada red, de acuerdo con el órgano persecutor, tenía integrantes de una misma familia para hacer los movimientos financieros del dinero del soborno recibido y así pretendía evadir la persecución legal.
Dice que a raíz de esta práctica, los imputados adquirieron bienes y servicios con el dinero producto de la eliminación o adulteración de registros penales en todo el país. Con la práctica ilegal, el Ministerio Público afirma que beneficiaron a criminales de carreras de alto perfil a quienes les prestaban un servicio permanente de borrado de registros penales, a ellos y a miembros de su estructura, a cambio de cantidades considerable de sobornos.
“La vuelta”, así se llamaba la red, según MP
Los miembros de la alegada red de corrupción que operaba dentro de la Procuraduría General de la República, en el 2018 reestructuraron la organización criminal y la denominaron “La vuelva”, de acuerdo al Ministerio Público. La acusación establece que los integrantes de la red, crearon un “esquema sostenible” en el tiempo a nivel nacional que funcionaba bajo el diseño de: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo y transferencia, expedición de certificado de no antecedentes.
Aplazan para el lunes coerción de imputados
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó ayer el para el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de las medidas de coerción a los imputados en operación Gavilán. La disposición del juez Rigoberto Cena se produjo a solicitud de la defensa de los imputados, que pidió un plazo para conocer el expediente acusatorio. El fiscal Andrés Mena informó que el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo.
