Luego de 10 horas, la jueza Kenya Romero recesó la audiencia para este viernes a las 9:00 de la mañana
La audiencia de solicitud de coerción a los exfuncionarios de primera línea del entonces presidente Danilo Medina, se inició formalmente ayer en la sala de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La vista empezó pasadas las 9:00 de la mañana con la presentación de incidentes por parte de una de las defensas, que solicitó a la jueza Kenya Romero que la parte querellante no estuviera presente en el proceso. La jueza rechazó este pedimento.
A las 11:00 de la mañana los fiscales comenzaron a leer el expediente elaborado contra Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, extitular del Ministerio de Obras Públicas y pasado candidato presidencial; José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y los otros acusados en el caso denominado Calamar.
Cuando entraron las horas de la tarde, la magistrada Romero ordenó al Ministerio Público que en vez de continuar leyendo el expediente de 2,120 páginas, cambiara la modalidad y de manera resumida expresara la acusación de los 20 imputados.
A esta decisión no se opuso la defensa de los acusados de pertenecer a una red que distrajo más de 19 mil millones de pesos del erario. Al contrario, apoyaron la decisión alegando que ya ellos habían estudiado el expediente.
Durante el desarrollo de la audiencia la jueza dio cuatro recesos. En una ida al baño de Gonzalo Castillo, seguidores de él le expresaron lo siguiente: “Gonzalo estamos contigo”, “Pa’ lante presidente, lo queremos”, “Gonzalo me voy a crucificar si no te dan la libertad”, “Estamos conmigo”.
Cuando dieron las 7:45 de la noche, la magistrada decidió recesar la audiencia y continuar el viernes a las 9:00 de la mañana con la solicitud de coerción, consistente en prisión preventiva, que pide el órgano acusador.
En la vista el Ministerio Público sólo pudo presentar la acusación en contra de 16 de los 20 imputados en el caso. El viernes, el organismo continuará con la acusación de los cuatro restantes.
La audiencia se recesó para mañana, porque hoy jueves la anciana Emir Fernández de Paola, imputada en el caso, será sometida a diálisis, a causa de una condición renal que padece.
¿Qué continuará mañana?
Cuando el Ministerio Público termine de leer el relato, en el que precisa cómo los imputados habrían desfalco al Estado, deberá presentar a la jueza Romero los 1,200 elementos de prueba que afirma que posee.
Luego los querellantes en actores civiles, como el Estado, representado a través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, dirán si se adhieren a la solicitud del Ministerio Público o presentan otro pedido.
Después, la magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional indicará el orden en que las defensas hablarán para replicar el discurso del Ministerio Público.
Cuando pase todo este proceso, la magistrada se retirará a ponderar si envía o no a prisión a los imputados.
Panorámica de la audiencia
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad se desarrolló la audiencia del caso Calamar. Las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva estuvieron resguardadas por decenas de agentes policiales, entre ellos de las unidades especializadas Lince y SWAT, como precaución ante la posibilidad de que simpatizantes peledeístas protestaran como pasó en las últimas dos ocasiones, en la que fueron dispersados con bombas lacrimógenas.
Por igual, las calles que dan acceso a la edificación judicial se mantuvieron cerradas. Sin embargo, lo que se tenía como una posibilidad no ocurrió, pues las personas que apoyan el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que acudieron en dos ocasiones con bandera en mano reclamando por el apresamiento de los exministros y otros pasados funcionarios, no se presentaron.
Los agentes militares y policiales se mantuvieron vigilantes aun con el candente sol del mediodía, mientras los miembros de la prensa hacían lo propio en los pasillos del palacio de justicia pues la audiencia se conocía a puertas cerradas, y debían estar pendiente de la salida de algún abogado para informar sobre lo que sucedía.
Muchas personas que acudieron a la sede judicial por alguna otra audiencia o a realizar trámites, también se mantenían a la expectativa. La situación fue tal, que hasta empleados salieron de sus oficinas a observar cuando Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, extitular del Ministerio de Obras Públicas y pasado candidato presidencial, José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presencia, y los demás imputados eran conducidos por agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR) a la sala de audiencias.
A los implicados se les colocaron chalecos y cascos protectores para ser bajados desde el cuarto nivel del palacio de justicia, donde funciona la cárcel preventiva, hasta el primer piso donde estaba la sala que se tomó prestada debido a que la de la Oficina de Atención Permanente no caben muchas personas.
“Las pruebas son más que sobreabundantes”
El Ministerio Público mantiene sus argumentos de que las pruebas son más que sobreabundantes para que el tribunal dicte prisión preventiva a los encartados. “Este es un caso que lo más lamentable de este proceso es que se pagaron más de 17,440 millones de pesos y se comprometieron en perjuicio del Estado dominicano más de 30 mil millones de pesos”, afirmó el procurador Melbin Romero. Mientras que la defensa del economista Ángel Lockward dijo que no se puede imputar a su defendido por los mismos tipos penales, como coalición de funcionarios, que a los demás encartados en el proceso. “Estamos esperando que el Ministerio Público presente formalmente sus conclusiones para proceder a combatir los argumentos del órgano percutor”, expresó Norberto Rondón.
