El Ministerio Público solicitó documentos a la Cámara de Diputados sobre Sergio “Gory” Moya, legislador mencionado en supuestos actos de corrupción en el expediente del denominado caso Calamar.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, al revelar la información añadió que las certificaciones requeridas ya fueron suministradas.
“Adelanto la primicia de que el Ministerio Público se ha comunicado con nosotros para pedirnos algunas certificaciones; lo hemos hecho”, sostuvo al ser abordado por los medios de comunicación que cubren la fuente congresual.
En ese sentido, indicó que la Cámara Baja no obstruirá jamás el tipo de investigación que se haga “sobre cualquiera de sus miembros, porque lo que somos funcionarios públicos siempre estamos sujetos a que se nos hagan investigaciones, experticias y averiguaciones”.
“Los funcionarios públicos somos susceptibles de ser investigados en un momento determinado. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos decir?, que requerimos, que estamos haciendo votos para que en este y cualquier otro caso que pueda surgir, así como los que han estado ocurriendo, se cumpla con el debido proceso de ley y construccional; eso es lo que procede. Ahí están las reglas, ahí están las bases, indican cómo se hace”, comentó el titular del órgano legislativo.
Añadió que en esta etapa, el órgano persecutor sólo ha pedido documentos de Moya, en otros casos ha hecho otros requerimientos, “pero eso ya lo hemos explicado”.
Se recuerda que la directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, afirmó, la semana pasada, que el Ministerio Público solicitaría a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que designe al juez instructor correspondiente para que sea conocido el caso del diputado Sergio Moya, mencionado en el caso Calamar.
Como se trata de un legislador, si es sometido por el Ministerio Público, la SCJ deberá designar a un juez especial para que sea conocido su caso en uno de sus tribunales debido a su jurisdicción privilegiada.
