Los métodos del exprocurador Jean Alain Rodríguez para sustraer dinero del erario no tenían límites, pues además de montar un esquema de sobornos con la construcción de cárceles, replicó este modelo en el proceso para adquirir los alimentos que se le brindan a los reclusos del país.
Así lo han establecido los fiscales anticorrupción que investigaron el caso Medusa, quienes han estimado que Rodríguez obtuvo 1,600 millones de pesos con las irregularidades que dicen se cometieron con la contrataciones de los suplidores para las raciones alimenticias.
Rodríguez hizo del sistema penitenciario un negocio muy lucrativo, dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que desarrolló unas 18 líneas para investigar el proceso, entre ellas lo relacionado con la alimentación de los privados de libertad, que durante cuatro años estuvo bajo el control del exprocurador.
En la acusación que presentaron en el caso Medusa, precisan que para obtener los millones de pesos se creó un entramado para escoger cuáles eran las empresas que debían ganar las licitaciones para ser los proveedores de los alimentos. Precisan que se conformaron grupos que tenían las instrucciones de establecer quienes no podían ganar las licitaciones.
Los involucrados
Según las investigaciones, en estas irregularidades está implicado Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador, quien es uno de los nuevos acusados en el caso Medusa y estaría vinculado a las supuestas contrataciones millonarias ilícitas a empresas relacionadas entre sí para el suministro de alimentos de los internos en los centros de reclusión.
A raíz de las pesquisas, también fueron imputadas varias personas y empresas que presuntamente tenían que ver con estos ilícitos. Ellas son José Estrada y César Nicolás Rizik, quienes, de acuerdo a informaciones, figuran de forma directa e indirecta en varias de las empresas que resultaron ganadoras para proveer los alimentos a los recintos penitenciarios.
Entre las empresas imputadas por estas irregularidades están Distribuidora Ropi, Inversiones Swazilan, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Comercial Viarios y la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.
Por otro lado, ayer quedó sin efecto una audiencia donde se pretendía revisar la medida de coerción contra Rodríguez y los otros primeros imputados del caso, quienes cumplen distintas medidas de coerción. Como el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ya no es el tribunal control del proceso, pues fue apoderado otro juzgador, la vista fue anulada.
Corresponderá ahora al Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que preside el juez Amauri Martínez revisar la medida de los imputados y además conocer la audiencia preliminar del proceso, que aún no tiene fecha para iniciar. En este caso hay 41 personas y 22 empresas acusadas.
Niega candidatura y pago a asesora internacional
Ayer, la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez negó que este haya aspirado a las elecciones presidenciales y dijo que tampoco contrató asesores para esos fines. Aseguraron que “cualquier” contratación de una asesora mexicana, a la que supuestamente se le pagó dos millones de dólares en efectivo para la campaña de Rodríguez, “fue realizado por Rafael Canó y no por Jean Alain Rodríguez”, por lo que solicitaron la extradición de Canó, quien pasó de ser un imputado a ser testigo clave del Ministerio Público para sustentar las acusaciones del caso Medusa.
