La defensa de los imputados en el caso de corrupción administrativa denominado Coral, concluyó este lunes con la presentación de sus incidentes planteando al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de declarar innecesaria la participación de los abogados del Estado en el proceso judicial.
En la audiencia de hoy el Ministerio Público expuso sus conclusiones en el juicio preliminar y pidió al tribunal que dicte auto de apertura a juicio contra todos los imputados.
Cuando llegó el turno de la defensa de los encartados presentar sus argumentos, categóricamente expusieron su rechazo a la participación de los abogados del Estado, que fueron contratados por el Poder Ejecutivo para recuperar el patrimonio público sustraído a manos de particulares a través de procesos amañados.
El jurista Zacarías Payano, abogado del coronel del Ejército de la República, Erasmo Roger Pérez Núñez, explicó que la mayoría de los abogados de los imputados plantearon la inadmisibilidad de la querella presentada por el Estado dominicano.
“Inclusive se ha planteado también la inconstitucionalidad del decreto que nombra los abogados defensores del Estado porque es una duplicidad de funciones ya que la Constitución le otorga esa facultad al procurador general de la República”, manifestó.
Sin embargo los abogados del Estado dominicano, calificaron estos argumentos débiles y aseguraron que la defensa de los imputados simplemente busca dilatar el proceso judicial en su contra.
El jurista José Alberto Ortiz asegura que la participación de los abogados del Estado en los distintos procesos de corrupción administrativa que llevan paralelo en los tribunales, se hizo conforme a la ley y mediante Decreto 2210-21.
“El Ministerio Público persigue la parte penal y nosotros la parte civil y la recuperación del patrimonio público. Toda víctima tiene derecho a perseguir reparación y el Estado dominicano es víctima del siguiente proceso”, indicó.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que si tienen la palabra ante el tribunal dejarán claro que el Ministerio Público ha admitido a los abogados del Estado como querellantes.
La próxima audiencia fue fijada para el viernes 10 de febrero del presente año.
Expediente
Con las operaciones Coral y Coral 5G, que involucran a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Además del mayor general Cáceres Silvestre, entre los imputados de la Operación Coral figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros imputados.
