Las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht carecen de legalidad en el caso debido a que el Ministerio Público no realizó los procedimientos que el juez ordenó, según indicó ayer la defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
Durante la audiencia preliminar el consejo de abogados que defienden a Díaz Rúa por lavados de activos, sobornos, enriquecimiento ilícito y otros delitos en el caso Odebrecht, dijeron que el juez Francisco Ortega Polanco mediante resolución 0073-2017 del 10 noviembre de 2017 ordenó al Ministerio Público (MP) realizar los interrogatorios a los empleados de la referida empresa, pero el órgano acusador no lo hizo.
La decisión del magistrado se debió a una solicitud hecha por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez el 10 de noviembre de 2017, para la producción masiva de pruebas e interrogar a Marcos Vasconcelos Cruz, Marcelo Bahia Odebrecht, Ernesto Sa Viera Baiardi, entre otros ejecutivos.
El abogado Miguel Valerio, defensor de Díaz Rúa, explicó que la resolución estableció que el MP debió trasladarse a Brasil e interrogar a todas las personas que fueron testigos en el caso Odebrecht y entregar un informe de los mismos.
“El Ministerio Público no fue a Brasil, no preparó informe con lo cual el caso Odebrecht se acaba de terminar en la República Dominicana”, dijo Valerio.
“No hay forma de que el juez Ortega ahora continúe con este caso porque violentaría su propia resolución”, sostuvo.
Los juristas pidieron que sean excluidos del expediente las delaciones que aportó el MP, las cuales son las principales pruebas con las que cuenta el órgano querellante, “por carecer de base legal”.
Afirma informes del MP son ilícitos
Asimismo, los abogados detallaron cada una de las pruebas, entre las que están los informes financieros y societarios de las empresas de Díaz Rúa, que de acuerdo al MP fueron utilizadas para lavar activos.
Ramón Emilio Núñez, también defensor del exministro, dijo que esas pruebas en realidad son peritajes que no fueron notificados a la defensa, que es una violación al debido proceso y “por lo tanto es ilícito y deben ser excluidos”.
Además, aseguraron que el MP también incumplió con otras resoluciones dictas por el magistrado Ortega Polanco en mayo y junio de 2017 que ordenaba la realización de las diligencias para obtener los movimientos bancarios de Díaz Rúa en un plazo de 15 días, las cuales sirvieron de base para realizar los informes que fueron aportados como pruebas.
Dijeron que las documentaciones fueron requeridas fuera del tiempo que el juez les otorgó.
En las conclusiones de su defensa, que duró tres días, los abogados solicitaron el cese de la medida de coerción, las inmovilizaciones de las cuentas bancarias de Díaz Rúa, y un auto de no ha lugar a favor del mismo.
El juicio continuará el lunes donde el senador Tommy Galán iniciará con su defensa formal.
Díaz Rúa dice se le debió tratar al igual que Segura
Díaz Rúa decidió asumir su defensa material ayer, donde reiteró que la acusación en su contra está sesgada y volvió a decir que se le debió tratar al igual que a Radhamés Segura y Temístocles Montás, excluidos del caso. “El Ministerio Público demuestra la falta de certeza pues deja que la acusación presentada al juez todas las acusaciones del ingeniero Radhamés Segura y sin embargo lo excluyen del expediente, así como también excluyeron al ingeniero Montás, el único que admitió haber recibido dinero de Odebrecht”, afirmó.
