Mañana se les conocerá medida de coerción a los implicados, que tienen una semana detenidos
Los implicados en el caso Calamar serán llevados mañana domingo ante un tribunal al que los fiscales anticorrupción presentarán los cargos que le imputan, y además solicitará prisión preventiva.
Contra Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, extitular de Obras Públicas y pasado candidato a la Presidencia; José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, y los otros imputados de pertenecer a una red que habría distraído más de 19 mil millones de pesos del erario, pesan 14 cargos delictivos.
En el expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que los imputados incurrieron en asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, prevaricación, delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
También, desfalco, delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad, cohecho, soborno, tráfico de influencia, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos.
Además de esto, los implicados son acusados de usar documentos falsos, falsedad en escritura pública, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Todo esto en perjuicio del Estado dominicano.
Crimen organizado
“Estamos frente a una solicitud de imposición de medida de coerción que contiene un conjunto de hechos, que unidos con las pruebas, evidencian que estamos, sin lugar a duda, frente a actos propios de la criminalidad organizada”, precisan los fiscales en el documento.
“Hechos estos que se produjeron en diferentes instituciones públicas, establecidas para brindar bienes y servicios a los ciudadanos dominicanos, que debían ser dados con calidad, razonabilidad y equidad tarifaria, oportunidades estas que no fueron posibles debido a que los funcionarios públicos objeto de la presente solicitud de medida de coerción, desnaturalizaron sus funciones para dejar de servir al Estado, enriqueciendo su patrimonio y el de terceros”, agregaron.
El relato de la Pepca se basa en que los imputados del proceso se asociaron y coalicionaron, para estafar al Estado, de manera principal, a través del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección Nacional de Catastro, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y la Contraloría General de la República.
En el documento, precisa que los implicados desplegaron diversas manifestaciones de maniobras fraudulentas, realizaron diferentes modalidades y tipologías de corrupción, con el exclusivo interés de estafar el Estado dominicano.
Explica que las maniobras consistían, entre otras cosas, en elaborar y ejecutar cesiones de crédito para beneficiarse de pagos irregulares realizados desde el Ministerio de Hacienda, pagos estos ejecutados bajo una aplicación engañosa e inobservancia de los procedimientos para pagos de deudas administrativas, realizadas tanto a favor de empresas del entramado como de involucrados.
Los funcionarios implicados en estos hechos, además de Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, son Daniel Caamaño Santana, Andrés Guerrero, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Claudio Silver Peña, Princesa Alexandra García Medina, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Víctor Matías Encarnación Montero y Julián Omar Fernández Figueroa.
“Los funcionarios antes señalados se apartaron de sus respectivos deberes, traicionaron la confianza depositada en ellos, se colocaron de espaldas a la ciudadanía, de espaldas al interés colectivo, y vulneraron del derecho de todo dominicano y dominicana a la buena administración de los recursos públicos, con el fin de beneficiarse y beneficiar a todo el entramado de corrupción”, afirma la Pepca.
Son imputados, además Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Moquete Ortiz, Ramón Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Fernández de Paola, Emir Fernández de Paola, Rafael Rodríguez Bisonó, y Agustín Mejía , quienes son identificados como terceros fuera del servicio público.
A todos estos, este domingo la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, les conocerá medida de coerción.
Empresas implicadas
Este proceso judicial también involucra a cuatro empresas. Estas son Prominex Multiservicios, S.R.L. BXT Dominicana, S.R.L. Axionova Group, S.R.L. y Rediux Consulting, SRL.
De acuerdo con lo explicado, para distraer fondos del Estado, la estructura se valió de la compra de varios vehículos societarios, utilizando como intermediario a Fernando Crisóstomo, que presuntamente era uno de los mayores beneficiarios de las cesiones de créditos y figura como testigo en este caso.
