Santo Domingo, RD.- Unos de los argumentos que establece la defensa de los implicados en la muerte del joven David de los Santos, es que el intérprete que utilizó el Ministerio Público para interrogar al testigo de nacionalidad haitiana, carece de legalidad.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lleva a cabo este viernes el juicio de fondo en contra de los imputados por la muerte de David de los Santos luego de estar detenido en el destacamento del Naco la noche del 27 de abril de 2022.
El abogado del cabo Alfonso Decena, y del segundo teniente Germán García de la Cruz, explicó que la Ley 821 sobre Organización Judicial, establece que un intérprete debe ser nombrado por el Poder Ejecutivo y dejar por escrito todo lo que interpretó.
El abogado Waldo Paulino también expresó que el testimonio del haitiano carece de sustento debido a que los artículos 99 al 102 de la Ley 821, establece una serie de parámetros, como que un traductor debe ser de nacionalidad dominicana y que tener conocimientos de los idiomas inglés y francés.
Indicó que el Ministerio Público violó dicha ley buscando un joven (Metor Jacques), que limpia zapatos en las inmediaciones del Palacio de Justicia para que interprete lo que decía su paisano Wistel Pieer, quien se encontraba detenido al momento de David ser llevado al destacamento del Naco.
En el día de ayer el Ministerio Publico culminó con la presentación del testimonio de al menos 13 testigos con lo que busca demostrar al tribunal, que presiden las juezas as juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, que David de los Santos murió a causa de los golpes que recibió cuando estuvo detenido en el destacamento del Naco.
Expediente caso David de los Santos
El Ministerio Público presentó acusación formal contra 11 imputados en el caso de la muerte de David de los Santos. Acusó al capitán Domingo Alberto Rodríguez, al segundo teniente Germán García de la Cruz, al raso San Manuel González y al cabo Alfonso Decena.
Además, a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda del destacamento con el joven, así como los agentes de seguridad privada Ambiórix Montero, Álvaro Beltrán, Yubaris Méndez y Juan Reyes de la Cruz.
Los agentes fueron acusados de abuso de autoridad, detención y encierros ilegales, homicidio voluntario, tortura y barbarie, mientras que los agentes de seguridad privada fueron procesados por detención y encierros ilegales, y los demás civiles son imputados por homicidio voluntario, tortura y barbarie. Varios imputados cumplen prisión preventiva y los demás otras medidas.
