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Santo Domingo.- A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a Francelys María Furcal Rodríguez, hallada culpable del homicidio voluntario del comerciante de nacionalidad china Zongxin Chen, en un hecho ocurrido el 21 de abril de 2022.
El tribunal también la condenó por suplantación de identidad, en violación de los artículos 154, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano.
La sentencia fue dictada con el voto disidente del juez Elías Santini, quien consideró que la acusada pudo haber utilizado otro medio para defenderse y que la pena debía ser de 10 años de prisión.
Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa de imponer una pena suspendida de seis meses bajo el alegato de excusa de provocación, argumentando la gravedad de los hechos.
Furcal Rodríguez cumplirá su condena en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres, donde actualmente guarda prisión preventiva. Además, deberá asumir el pago de las costas penales del proceso. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 20 de marzo a las 2:00 de la tarde.
Sobre los hechos
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal José Ramón Martínez Cordero, el crimen ocurrió en el establecimiento comercial Z&C, en el Ensanche Luperón. Durante un altercado, Furcal Rodríguez atacó a Zongxin Chen con un arma blanca, causándole una herida mortal en el abdomen antes de huir del lugar. La escena quedó registrada en cámaras de seguridad.
El 22 de junio de 2022, la acusada abandonó el país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana con destino a Medellín, Colombia, utilizando un pasaporte con el nombre Denny María Rodríguez Hierro. Posteriormente, viajó a Brasil y adoptó una identidad colombiana, Rina Vásquez Sarabia, para continuar su fuga por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y España, donde finalmente se reunió con su pareja sentimental.
El 6 de mayo de 2024, las autoridades españolas la arrestaron tras acoger la solicitud de extradición presentada por el Ministerio Público, a través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Nacional. Una vez repatriada, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso prisión preventiva como medida de coerción.
