Los procesos judiciales por corrupción administrativa en el país, han estado marcados por dilaciones y retrasos durante las diferentes etapas de los juicios.
Por ejemplo, ayer en la primera audiencia del caso Calamar, cuyo expediente involucra a los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, la defensa de uno de los imputados solicitó al tribunal un plazo de cuatro meses para analizar la acusación.
Se trata de la abogada de la imputada Nathali Fernández Guzmán, que estableció que los cuatros meses sería un tiempo prudente para estudiar el expediente, al que cataloga como “no razonable y desproporcionado”.
Otro argumento de las defensas es que no tienen a su disposición las pruebas físicas o digitales que forman parte de la acusación contra los imputados en el caso Calamar.
La abogada Laura Acosta Lora, parte del equipo de letrados que representan al exministro y excandidato Gonzalo Castillo, alegó en la audiencia que al menos a 937 documentos digitales de la glosa probatoria no le permiten el acceso.
Inmediatamente, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, indicó que el Ministerio Público está a disposición de las partes interesadas en verificar las pruebas.
La procuradora adjunta explicó que el Ministerio Público está en la disposición de suministrar las pruebas y de esta manera evitar que se dilate el inicio del juicio preliminar que se sigue contra 46 personas vinculadas a este caso.
La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, fijó la audiencia preliminar para el 26 de agosto, a las 9:00 de la mañana.
La magistrada estableció que este tiempo es razonable, conforme al debido proceso y la amplitud de la acusación, para que todas las partes puedan estar listas para el inicio de la etapa preliminar del caso Calamar.
