Los querellantes en el proceso judicial por la venta del sector Los Tres Brazos apelaron a la decisión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, que liberó a los imputados de ir a juicio de fondo, para que la misma sea revocada.
Mediante instancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las demás víctimas en el caso recurrieron ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que anulen la referida sentencia, la cual dicen, contiene vicios y violaciones a la normativa procesal penal.
En junio pasado, al dar a conocer su fallo donde dictó auto de no ha lugar a favor de los imputados, el juez Rodríguez Consoró dijo que acusación presentada por el Ministerio Público no tiene los méritos suficientes para pasar a juicio, ya que, consideró, con la misma es imposible de que haya probabilidad de condena contra los imputados.
El juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dijo que, por ejemplo, en el tipo penal de soborno, del que fueron acusados los implicados en este caso, no hay “forma alguna de probarse”.
Al respecto, los querellantes indican que el juzgador erró al decir que no hay pruebas suficientes pues, aseguran, el órgano acusador si presentó las debidas evidencias para probar los delitos de estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y asociación de malhechores, imputados a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), y los otros procesados.
Es por esto, que solicitaron a la Corte de Apelación que revoque este fallo para que los imputados sean enviados a juicio y allí sean juzgados por los referidos cargos.
En el caso Los Tres Brazos, que llegó a los tribunales en julio del 2018, fueron acusados, Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde),; Manuel Aybar, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving Cruz, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Por igual, Juana Gómez, representante de Proyecciones Gowi; Domingo Lebrón, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), junto a los empleados de esa empresa Carlos Gómez y Julio Gómez.
También fueron procesados José de Pool, representante de la inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Ozuna y Hadonis Ruiz, así como Lisetel González.
