La jueza la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo, Karen Casado, aplazó ayer el conocimiento de la medida de coerción de los imputados en la Operación Panthera 7, relacionada con el decomiso de casi 10 toneladas de cocaína.
La magistrada tomó la decisión de mover la audiencia para el próximo miércoles 29 de enero, debido a que algunos abogados no habían tenido acceso a los detalles del expediente, lo que dificultaba la preparación de sus estrategias de defensas.
Un aspecto relevante del caso es la entrega reciente de Alexander Henríquez Castro, quien se sumó como octavo implicado en la red de narcotráfico. Henríquez, quien trabajaba como sellador en el Puerto Multimodal Caucedo, lo arrestaron luego de que se emitiera una orden en su contra por su presunta vinculación en la operación de tráfico de drogas.
Sin embargo, debido a que se entregó voluntariamente y después de que se presentó la solicitud de medida de coerción, su proceso judicial no se considerara junto con el de los otros siete detenidos en la misma operación.
El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, confirmó que aún no se ha tomado una decisión sobre si se solicitará una medida de coerción para Henríquez.
La operación, llevada a cabo en diciembre de 2024, resultó en la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo.
Entre los imputados se encuentran figuras relevantes como José Nicolás Castillo Hart, alcalde de Bayahibe, y su hijo, quienes junto a otras personas enfrentan serias acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de activos.
Los cargos relacionados con el tráfico de drogas que enfrentan los imputados, está asociación de malhechores, lavado de activos y la violación de leyes sobre el control de armas.
