Las defensas del mayor general Adán Cáceres y de la pastora Rossy Guzmán, imputados en el caso de corrupción denominado Coral, adelantaron este viernes que van a solicitar el cese de la prisión preventiva en la cárcel Najayo.
Para sustentar esta solicitud, los abogados se basan en que ambos acusados están a punto de cumplir los 18 meses de prisión que se les impuso en mayo del año pasado. Y que, además, la norma indica que este es el máximo que una persona puede permanecer con esta medida de coerción.
“La ley es clara, el máximo son 18 meses, no hay excusa”, dijo el jurista Héctor López Rodríguez, quien defiende a la pastora Guzmán.
Al conversar con la prensa, indicó que no “no va a ser forma” de que un tribunal luego de que se cumpla el plazo pueda dictar una sentencia manteniendo a los imputados en prisión. “No la hay, no existe”, expresó.
Ese mismo pensamiento tiene el abogado de Cáceres, Cristian Hernández, quien dijo que ya están realizando los trámites para solicitar el cese de la prisión preventiva.
“Estaremos solicitando que le aplique la norma porque el tiempo máximo en este caso fue cumplido”, expuso.
Ambos togados hablaron a las afueras del Sexto Juzgado de instrucción del Distrito Nacional, donde la jueza Yanibet Rivas conocerá la solicitud que presentó el Ministerio Público para fusionar los casos Coral y Coral 5G.
Aunque se trata del mismo proceso, se imputó a varias personas en diferentes momentos y se les puso nombre distintos a las dos operaciones en las que se apresó a los imputados.
Sobre esto, el abogado López Rodríguez dijo que la petición de fusión es un engaño. “¿Cuántas acusaciones hay? Hay una sola, el Ministerio Público presentó una acusación, cuando se va hablar de fusionar se habla de dos o más cosas… no hay dos procesos paralelos, hay un proceso”, manifestó.
A su consideración, el órgano acusador “cayó en la trampa”, por ponerle nombres distintos a un mismo proceso.
“Entonces le puso Coral y Coral 5G, pero son los mismos procesos porque es la misma acusación, es la misma base… pero el Ministerio Público en su afán por la prensa, por la justicia mediática se pone a ponerle nombre y le puso dos nombres, creó dos expedientes y ahora presentan la acusación y piden la fusión”, agregó.
Luego de conocer y decidir sobre la solicitud de fusión, la jueza Rivas iniciara con la audiencia preliminar de este caso.
Con las operaciones Coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción supuestamente operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otras personas.
