El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizó una marcha en demanda de la asignación del 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sistema de justicia.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, afirmó que el Poder Ejecutivo coacciona y obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a presentar proyecto de presupuestos muy por debajo de los porcentajes dispuestos por la Ley 194-04, de Independencia y Autonomía Presupuestaria.
Sostuvo que esta falta de recursos, es la principal causa de que existan 18 mil presos preventivos en condiciones infrahumanas, con procesos que se eternizan por falta de fiscales, jueces y personal que no son contratados, por falta de presupuesto.
“Las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen”, dijo el jurista.
Surun Hernández manifestó que la carencia de recursos también ha estancado la contratación de mil 200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial.
El gremialista manifestó que en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria.
