Los abogados Laura Acosta, Luis Rivas y Nasef Perdomo, reconocidos por su experiencia en derecho constitucional y penal, expresaron preocupación por el manejo del criterio de oportunidad en el proceso judicial del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Los juristas, que actúan como defensores de Castillo, destacaron las inconsistencias y presuntas violaciones a las normativas legales observadas durante el desarrollo del caso.
El criterio de oportunidad, como explicaron los abogados en el programa Despierta con CDN, es una herramienta legal destinada a agilizar procesos judiciales en casos donde el acusado colabora efectivamente con las autoridades o cuando se trata de delitos menores que no afectan gravemente el interés público.
El jurisconsulto Luis Rivas destacó que las reglas del código procesal penal son claras y establecen requisitos específicos para la aplicación del criterio de oportunidad.
Rivas enfatizó que la facultad de aplicar el criterio de oportunidad está reglamentada y debe cumplirse estrictamente conforme a la ley.
Señaló que la forma en que se está aplicando en el caso de corrupción Calamar parece desviarse de estos principios fundamentales.
En última instancia, expresó su preocupación por el hecho de que, al aplicar el criterio de oportunidad de manera inapropiada, se podría estar privando a la sociedad dominicana de la oportunidad de buscar justicia adecuada y de aplicar las consecuencias correspondientes a los actos delictivos graves.
Con Luis coincide su colega Laura Acosta, quien asegura que “es crucial que la aplicación del criterio de oportunidad se realice estrictamente dentro de los parámetros establecidos por la ley para evitar abusos y garantizar la transparencia del sistema judicial”.
Acosta explicó que los informes del Ministerio Público indican que una empresa vinculada al caso habría cobrado al Estado la suma de 7,615 millones de pesos dominicanos entre 2017 y 2020.
Subrayó que este dato proviene directamente de la documentación presentada por la fiscalía y que es corroborado por los imputados beneficiados con el criterio de oportunidad.
Explicó que estos fondos fueron obtenidos a través de esquemas que incluían contratos ficticios y deudas reconocidas, además de la operación de bancas de apuestas.
Acosta criticó el hecho de que, a pesar de estas cifras alarmantes, el proceso judicial no ha incluido allanamientos significativos ni se han asegurado dispositivos electrónicos que podrían corroborar la veracidad de los documentos presentados voluntariamente por los imputados.
Abogado Nassef Perdomo
Según Nassef Perdomo, el juez debe considerar primero si el acusado ha proporcionado una colaboración efectiva con las autoridades, y evaluar rigurosamente las pruebas y los mecanismos de intervención presentados voluntariamente al Ministerio Público.
“El juez tiene que verificar varias cosas. La primera es si esta persona a la cual se quiere beneficiar con el criterio de oportunidad habría dado una colaboración efectiva”, manifestó.
El jurista resaltó que, en segundo lugar, es esencial determinar si la participación del acusado es menos grave en comparación con las personas a las que podría estar implicando.
El 26 de agosto empieza el juicio preliminar del caso
La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, fijó la audiencia preliminar del caso de corrupción denominado Calamar, para el 26 de agosto, a las 9:00 de la mañana.
La magistrada estableció que este tiempo es razonable, conforme al debido proceso y la amplitud de la acusación, para que todas las partes puedan estar listas para el inicio de la etapa preliminar del caso Calamar.
