El proceso judicial en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados del caso Medusa, ahora tiene nuevos implicados, luego de que los abogados del Estado demandaran civilmente a 30 empresas.
Así se dio a conocer ayer durante la audiencia preliminar, en la que las defensas de estas compañías solicitaron al juez Amauri Martínez tiempo para estudiar el expediente y presentar sus escritos, debido a que fueron notificadas hace poco.
Sobre esto, el jurista Carlos Alberto Polanco Rodríguez, del equipo de abogados del Estado, explicó que cuando el Ministerio Público presentó la acusación formal en este caso, se le habilitó al Estado el derecho de concretizar sus pretensiones civiles y de adherirse o no a la acusación.
Explicación
“En efecto, el Estado procedió a adherirse en lo que tiene que ver en el aspecto penal a la acusación presentada por el Ministerio Público y presentó su constitución en actor civil en reclamo de la reparación de los daños y perjuicios en los que se ha visto afectado el patrimonio público”, sostuvo al hablar con los periodistas que lo abordaron en uno de los recesos de la audiencia.
Precisó que estas compañías habían comprometido su responsabilidad civil al afectar el patrimonio estatal, y como no eran imputadas del proceso, lo demandaron, y en consecuencia ahora, dentro de este caso, tienen la figura de terceros civilmente demandados.
“El Estado tomó la decisión que, en lo que tiene que ver con su pretensiones civiles, incluir dentro del proceso, llamar al proceso, y demandar civilmente a esas entidades para que ellas puedan responder en relación a los actos que afectaron en algún modo al patrimonio del Estado dominicano”, dijo Polanco Rodríguez.
Esto hace que se amplíe la cantidad de imputados de este proceso, que de por sí era el más grande de todos los casos de corrupción, con 41 personas y 22 empresas acusadas.
Algunas de las empresas de las empresas llegaron a acuerdos, según se supo. Entre las imputadas civilmente se encuentran Consorcio Remi S.A., Constructora Pablo Yarul y Asociados, Tecnicaribe Dominicana, S.A., AM Consulting, Promocon SRL y Arquitectura Integral.
Por otro lado, el magistrado Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó que la Defensa Púbica asista gratuitamente a la empresa F&F Ezel Import, SRL, cuyo representante Rafael Razu manifestó no poseer los fondos para contratar un abogado privado.
¿Qué se conocerá en la audiencia preliminar?
Durante esta audiencia preliminar lo que el juez Amauri Martínez decidirá es si los imputados pasarán a juicio de fondo o no. El magistrado verificará que las más de 3,500 pruebas presentadas por el Ministerio Público contra los imputados, acusados de corrupción prevaricación, estafa contra el Estado y otros delitos, fueron obtenidas de manera legal y que sean suficientes para justificar la probabilidad de una condena en juicio.
