El ex director de Migración, José Ricardo Taveras denunció este lunes que el incremento de las actividades “de ciudadanos haitianos instigados por ONGs dedicadas a la instrumentalización de su drama, tiene por objetivo crear las condiciones para una próxima visita que realizarán al país delegados de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco del inicio de una nueva embestida internacional sustentada en la inmoral campaña de supuesta desnacionalización de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.”
Informó que la visita cuenta con el agrado de sectores del gobierno y tiene por objeto, entre otros, crear condiciones mediáticas para presionar al presidente y al gobierno a profundizar los ilegales efectos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), que “han servido para el desmonte administrativo de la Constitución de la República, la Sentencia 168-13 y la Ley General de Migración No. 285-13 y su reglamento.”
El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) informó, que con la información que hiciera migración de que está otorgando residencias temporales del tipo RT-9 a los beneficiarios del plan, categoría que se otorga a todos los que les será concedida la residencia definitiva.
“El gobierno, penosamente, no solo viola la ley al otorgar esa categoría a extranjeros cuyo perfil migratorio definido por la ley es de trabajadores temporeros, sino que se encamina a la consolidación jurídica de una minoría étnica nacional, toda vez que a la vuelta de un lustro a más tardar, probablemente el 10% de la población nacional esté integrada por haitianos naturalizados como dominicanos y sus descendientes, que al ser hijos de residentes legales, serán dominicanos de pleno derecho al nacer.”
Por otra parte, advirtió que hay importantes autoridades empeñadas en una aplicación relajada de la ley de naturalización especial No. 169-13, la cual además de los vicios de constitucionalidad de que adolece, se pretende usar para beneficiar con la ciudadanía dominicana a extranjeros migratoriamente ilegales, nacidos en el territorio nacional después del año 2007 y registrados en el libro registro de extranjeros de la Junta Central Electoral, a pesar del límite que la propia ley establece hasta ese año.
El también ex director general de migración avanzó que la campaña se mantendrá durante el año que viene, porque además tiene por objeto crear las condiciones mediáticas para el descrédito inducido de la Sentencia 168/13 y del Tribunal Constitucional, que el año que viene enfrentará la sustitución de varios de sus jueces, por vencimiento del período y retiro por edad, ocasión que se pretende aprovechar para sustituirlos por jueces más “amigables” con la creación de la minoría étnica nacional y la reversión del precedente sentado por la citada sentencia. “Obviamente, eso no sería posible sin violar gravemente la constitución, especialmente el 277, toda vez que la 168/13 es una decisión irreversible de conformidad con nuestro sistema de derecho, ya que la misma lo que hizo fue profundizar el precedente ya sentado por la Sentencia No. 9 del 2005, emitida por la Suprema Corte de Justicia en sus atribuciones de corte constitucional.”
Taveras pidió al pueblo dominicano a ponerse en pie de lucha y apoyar plenamente al Tribunal Constitucional, la integridad de su composición por hombres comprometidos con los intereses nacionales; así como enfrentar y resistir por todos los medios lícitos y posibles, “no solo la visita de los prepotentes señoritos satisfechos de la CIDH, sino los agentes locales que le sirven de peones a la comunidad internacional en su propósito de lavarse las manos frente al drama haitiano, impulsando una injusta causa, que crucificando nuestra imagen como nación, procura sostener la nación haitiana como mendiga de tratamiento migratorio forzoso y ciudadanías ajenas.
Así los quieren las ONGs, como instrumentos para el sostenimiento de la vida muelle de sus líderes y muchos de los que se benefician del 54% del informalidad del mercado laboral, para que, ni dominicanos, ni haitianos puedan trabajar en un mercado laboral competitivo que garantice mejores salarios y condiciones laborales y sociales. De eso se trata, de convertirlos en víctimas de un nuevo tipo de esclavitud del Siglo XXI.”
