Caracas-. Venezuela informó este jueves que Estados Unidos deportó a un grupo de migrantes que estaba detenido “injustamente” en la base de Guantánamo, Cuba.
El gobierno estadounidense habilitó 30.000 camas para indocumentados detenidos en esta cárcel donde hay prisioneros acusados de terrorismo, incluidos algunos miembros de Al Qaida.
Los 170 migrantes los llevaron en un avión desde Cuba a Honduras, donde abordarían otra aeronave de bandera venezolana.
“Fueron injustamente llevados a la base naval de Guantánamo”, señaló un comunicado del gobierno.
Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno del republicano Donald Trump que impuso un embargo petrolero tras considerar fraudulenta la primera reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018.
Washington tampoco reconoció el tercer mandato obtenido por Maduro en las cuestionadas elecciones de julio pasado, pero con el regreso de Trump a la Casa Blanca inició contactos enfocados en la deportación masiva de migrantes.
El primer vuelo con 190 venezolanos llegó a Caracas hace 10 días en aviones de la sancionada estatal Conviasa, que voló hasta Estados Unidos a buscarlos.
sucesos
Honduras confirmó este jueves que un vuelo con 177 deportados por Estados Unidos había aterrizado en el país desde la base en Guantánamo, Cuba, para su posterior e inmediato traslado hacia su destino final, Venezuela.
La Cancillería confirmó en un comunicado que los civiles, en su totalidad venezolanos, llegaron en un avión del Gobierno de Estados Unidos y, en cuestión de horas, se realizó su trasbordo a otra aeronave de bandera venezolana. Todo el operativo se dio en la base militar estadounidense de Soto Cano y respondió a que no existen frecuencias que unan ambos territorios.
No se informó de otras maniobras del estilo previstas ya que, según un funcionario hondureño, no se trata de una oferta abierta del Gobierno para actuar sostenidamente como “puente” entre Estados Unidos y otras naciones, sino que fue una situación puntual, aunque sumó que podrían evaluarse nuevamente instancias así en el futuro.
Por su parte, Costa Rica también recibirá este jueves un vuelo con 135 deportados de San Diego, Estados Unidos, la mitad de ellos menores de edad y dos mujeres embarazadas. A diferencia de Honduras, los civiles aterrizarán en la capital y serán trasladados al Centro de Atención Temporal para Migrantes, en la rural Corredores, cerca de la frontera con Panamá, donde permanecerán un máximo de 30 días a la espera de las pertinentes gestiones para el regreso a sus naciones.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, precisó que se trata de ciudadanos asiáticos que accedieron a volver a sus naciones de manera voluntaria y “no representan ningún problema para la seguridad”.
“Todas las personas que llegarán al país ya pasaron filtros de seguridad en Estados Unidos, no se trata de criminales”, aseguró para la tranquilidad de los costarricenses.
Asimismo, el viceministro del Interior, Omer Badilla, recordó que se trata de una asistencia a su “económicamente poderoso hermano del norte”, en un momento en que Donald Trump lidera una intensa persecución contra la inmigración ilegal.
“Nosotros somos colaboradores cercanos de Estados Unidos (…) Ayudaremos a recibir a 200 migrantes de Uzbekistán, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, países de Asia central y de la India (…) Ayudaremos con 200 que serán enviados, nos ayudan a procesarlos y, con todo pago, estarán en el puesto unas semanas. Después, Estados Unidos los manda en aviones a su país”, insistió el presidente, Rodrigo Chaves.
De esta manera, Costa Rica se sumó a Panamá y se convirtió en el segundo país en acceder al pedido del secretario de Estado, Marco Rubio, para actuar como “puente” en los operativos de deportación.
Panamá ya recibió 299 deportados, que están ahora a la espera de las gestiones para regresar a sus países (AP)
Hasta el momento, el Gobierno de José Raúl Mulino ya ha recibido a 299 migrantes, a los que ubicó en habitaciones de hotel custodiadas por la policía y en un campamento remoto en la provincia del Darién.
Estas gestiones, sin embargo, han suscitado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denunciaron condiciones inapropiadas de alojamiento y riesgos de regreso a naciones poco seguras.
Al respecto, Badilla declaró que “Costa Rica es un país garante de los derechos humanos” y aseguró que “vamos a garantizar que (los deportados) sean devueltos a países seguros”. “No podemos dejar eso al azar por un compromiso ético y moral de nuestro país”, sumó.
Por su parte, Mulino desmintió que se esté “maltratando” a los migrantes y, por el contrario, dijo que “se les está garantizando su comida al día” y se están “respetando sus derechos humanos”.
