Caracas. Venezuela rechazó “la pretensión” de Estados Unidos de “tutelar, controlar y manipular” la industria petrolera venezolana, mediante la imposición de sanciones y licencias.
La Cancillería responde de esta manera a la decisión de Estados Unidos de revertir parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano, medidas que fueron implementadas en octubre pasado y que perdieron su vigencia a las 0:01 hora local (4:01 GMT) de este jueves, tras seis meses de flexibilización.
Según un comunicado del Departamento de Estado del país norteamericano, Venezuela no ha cumplido “plenamente” el Acuerdo de Barbados, suscrito en octubre de 2023 entre representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
En el Acuerdo de Barbados, el chavismo y la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) establecieron, entre otros puntos, garantías electorales para las presidenciales, pero la PUD denunció obstáculos en la inscripción de la candidatura de la historiadora Corina Yoris, lo que EE.UU. interpretó como una violación el pacto suscrito.
Yoris fue designada como candidata por la líder opositora María Corina Machado, quien tampoco pudo inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por estar inhabilitada para optar por cargos públicos hasta 2036. La Cancillería venezolana lamentó que la decisión de Estados Unidos perjudique “cualquier intento de normalización de las relaciones bilaterales” y reafirmó que, “con licencias o sin ellas”, Venezuela “está decidida a ser una nación libre”, emulando las palabras que Maduro pronunció el miércoles.
El candidato presidencial venezolano José Brito afirmó que la decisión de Estados Unidos es una “licencia para matar la economía” de la nación.
La Alba rechaza la reposición de sanciones
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) rechazó ela decisión de Estados Unidos de revertir parcialmente el alivio de sanciones a Venezuela. Según el comunicado de la Alba, estas medidas “constituyen una flagrante violación al Derecho Internacional”, por lo que los países que conforman el grupo exigieron “el levantamiento de las medidas”.
