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Donald Trump anuncio sus intenciones de implementar un programa de desnaturalización que podría revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados en EE.UU.
A medida que su mandato se acerca, el expresidente plantea continuar con las políticas migratorias que implementó en su administración anterior, aumentando las persecuciones de casos de desnaturalización.
Este proceso legal de revocar la ciudadanía se centra en inmigrantes que hayan obtenido su naturalización mediante fraude o tergiversación de hechos importantes durante su proceso de solicitud.
La desnaturalización es el proceso mediante el cual el Gobierno de EE.UU. revoca la ciudadanía de un individuo naturalizado. Existen varios motivos legales para iniciar este procedimiento, entre los que destacan el fraude o la falsificación de información durante el proceso de naturalización.
Según la ley de inmigración, si se descubre que una persona ocultó información crucial o proporcionó documentos falsos para obtener la ciudadanía, el Gobierno puede iniciar la revocación de esa nacionalidad.
Este proceso está regulado por leyes establecidas desde la Ley de Naturalización de 1906, que facultó a las autoridades para revocar la ciudadanía a aquellos que no cumplieron con los requisitos establecidos.
Según esta ley, la ciudadanía puede ser retirada por diversos motivos, como la obtención ilegal de la misma o el regreso a su país de origen en los primeros cinco años tras la naturalización.
Historia de la desnaturalización en EE.UU.
A lo largo de la historia de Estados Unidos, las revocaciones de ciudadanía han sido casos relativamente raros. Desde 1990 hasta 2017, se han registrado un promedio de solo 11 desnaturalizaciones al año.
Sin embargo, durante el primer mandato de Trump, la Administración incrementó significativamente los esfuerzos para perseguir este tipo de casos, creando una oficina específica para investigar y remitir los casos de desnaturalización al Departamento de Justicia (DOJ).
En 2020, el DOJ estableció una sección especializada en desnaturalización dentro de su Oficina de Litigios de Inmigración, lo que marcó un aumento significativo en las remisiones de casos a las cortes.
Con su reciente promesa de revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados, Trump busca intensificar los esfuerzos que ya se habían iniciado en su administración anterior.
En octubre de 2024, Stephen Miller, asesor clave del expresidente en temas migratorios, afirmó que el equipo de Trump ya está preparando un plan para intensificar las investigaciones de naturalización fraudulenta.
Según Miller, este esfuerzo será una de las principales prioridades para el nuevo gobierno de Trump en 2025, lo que indica un enfoque más agresivo hacia los inmigrantes naturalizados.
Motivos legales para la desnaturalización
Existen varias razones legales por las cuales un ciudadano estadounidense naturalizado podría enfrentar la revocación de su ciudadanía. Entre los motivos más comunes se incluyen:
- Obtención ilegal de la ciudadanía: Si el inmigrante ocultó información o presentó pruebas falsas durante el proceso de naturalización, su ciudadanía puede retirarse.
- Fraude de naturalización: En caso de que se demuestre que un individuo procuró la naturalización de manera fraudulenta, puede desnaturalizarse.
- Servicio militar en tiempos de guerra: Aquellos que obtuvieron la ciudadanía por servir en el ejército durante un conflicto bélico y se dieron de baja con deshonor en los primeros cinco años podrían perder su estatus.
- Negarse a declarar sobre actividades subversivas: Esta disposición histórica permite la desnaturalización de aquellos que se nieguen a declarar ante el Congreso sobre actividades relacionadas con la Guerra Fría.
Además, el plan de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento podría agravar aún más la situación de los niños nacidos en Estados Unidos, lo que generaría tensiones dentro del sistema migratorio y un aumento en los casos legales.
El proceso de desnaturalización requiere pruebas claras y convincentes, además de supervisión judicial. Esto puede generar obstáculos legales para los acusados, especialmente para aquellos que no tienen acceso a una representación legal adecuada.
