Puerto Príncipe. Cientos de médicos y trabajadores de hospitales públicos y privados de Haití marcharon este miércoles por varias calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise, a quien consideran incapaz de gobernar.
Los manifestantes también exigieron un cambio en el sistema de salud, mejores condiciones laborales y un aumento salarial para los empleados de los hospitales públicos.
“El Estado debe dejar de pagar por la atención médica de los oficiales”, se leía en varias de las pancartas enarboladas por los manifestantes, en alusión a los servicios que reciben senadores, diputados y ministros, entre otros altos funcionarios.
También denunciaron la miseria que arropa a la mayoría de la población haitiana, así como a que en el país hay personas ejerciendo profesiones, como la medicina y la ingeniería, sin realmente haber recibido títulos universitarios.
Este es el más reciente sector de la vida pública haitiana que pide la salida de Moise, después de exigencias anteriores de artistas, feligreses católicos y protestantes, profesores y estudiantes, políticos, asociaciones de mujeres y una parte del sector privado.
Este miércoles todas las actividades se paralizaron en Puerto Príncipe y en algunas ciudades del interior donde las empresas, las escuelas, los bancos y el transporte público no ofrecieron sus servicios.
La carretera más importante de acceso a Puerto Príncipe y otras alrededor de la ciudad fueron bloqueadas hoy, mientras en algunas zonas capitalinas se escucharon disparos.
Organizaciones anunciaron hace varios días que este jueves marcharán hasta la embajada estadounidense en Puerto Príncipe, para conmemorar el centenario de la muerte de Charlemagne Peralte, quien luchó contra la ocupación estadounidense del país (1915-1934).
Los anuncios de medidas para garantizar la seguridad de las vidas y bienes emitidos por el Consejo Superior de la Policía Nacional, encabezado por el primer ministro en funciones, Jean Michel Lapin, no fueron suficientes para garantizar a la población la circulación en las calles.
Lapin aseguró, tras una reunión del consejo, que el Estado cumplirá con sus responsabilidades de garantizar la seguridad de la vida y los bienes de la población.
Mientras, el ministro de Interior, Josué Agénor Cadet, dijo ayer que se dio cuenta de que hombres sin fe ni ley saqueaban y destruían propiedades, por lo que se aplicarán “medidas drásticas” para corregir esas desviaciones.
