Haití. El sábado se cumplió una semana del secuestro en la capital de Haití de 17 personas, un grupo de misioneros norteamericanos y sus familias, sin que las autoridades hayan ofrecido informaciones oficiales sobre la evolución del caso, que ya provocó la dimisión del jefe de la Policía.
Una semana después, apenas había movimiento en las calles de Puerto Príncipe, donde la escasez de combustible se suma al miedo de la población a convertirse en víctima de uno de los secuestros indiscriminados que se suceden desde hace meses, sin que lleguen a trascender detalles de estos sucesos, lo mismo que en este caso.
Ni la Policía Nacional ni el Gobierno han hecho una intervención institucional para explicar o confirmar los datos que publicaron diversos medios locales y extranjeros para informar sobre el rapto de los secuestrados, que son 16 estadounidenses y un canadiense.
Las víctimas
Los misioneros están retenidos por la banda 400 Mawozo, que pide un rescate de 17 millones de dólares por los cinco niños y doce adultos que mantiene cautivos desde el 16 de octubre, cuando el autobús en el que viajaban tras visitar un orfanato de la comunidad de Ganthier, a las afueras de la capital, fue interceptado por los bandidos.
Todas las víctimas son miembros de la asociación de misioneros Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos.
La embajada estadounidense en Haití se está coordinando con las autoridades locales para poner fin al secuestro, que está siendo investigado por el FBI, informó la Casa Blanca dos días después del rapto, dejando claro que su política es “no negociar” con quien secuestra a sus ciudadanos y que el objetivo es “traerlos a casa”.
También la Policía Montada de Canadá confirmó que trabaja en este caso de secuestro, el que más atención mediática está recibiendo de entre todos los raptos que se producen desde hace meses, cuyas víctimas son principalmente ciudadanos haitianos, aunque hay otros foráneos en cautiverio.
Este nuevo caso es, aparentemente, el detonante de la dimisión del director general de la Policía Nacional, Léon Charles, que estaba al frente del cuerpo desde noviembre de 2020 y tuvo que lidiar con una de las mayores olas de violencia de los últimos años.
El extrarradio de la capital ha sido fuertemente azotado por la acción de las pandillas, cuyos enfrentamientos obligaron a 19.000 personas a abandonar sus hogares el pasado junio huyendo de la violencia.