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Desde hace tres semanas, un ejecutivo bicéfalo funciona a pleno rendimiento en Haití. Como si todo fuera normal, la Presidencia y el Primer Ministro están comprometiendo y seguirán comprometiendo al Estado en varios ámbitos mientras no se constituya aún el órgano de seguimiento de la acción ejecutiva previsto en el acuerdo del 3 de abril de 2024…

Primer Ministro El ministro Garry Conille prometió implementar una estrategia para luchar contra la corrupción en la administración pública. El jefe de gobierno incluso nombró e instaló a una ministra responsable del saneamiento de las instituciones estatales, de la lucha contra la corrupción y la impunidad, Marie Chantale Dumay. Sin embargo, es cuestionable que un ministro sin cartera pueda controlar las acciones del ejecutivo.

En ausencia del Parlamento, los firmantes del acuerdo del 3 de abril en el poder planearon la formación de una estructura para controlar las acciones del gobierno. Según el artículo 9 del documento, se debería crear un órgano de control ejecutivo llamado Órgano de Control de la Acción Gubernamental (OCAG) sobre la base de amplias consultas del Consejo Presidencial de Transición con las organizaciones de la sociedad civil haitiana en la capital, los departamentos y la diáspora. .

«La OCAG estará compuesta por quince miembros, dos de ellos designados por la diáspora, dos por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y de los jóvenes, dos por el departamento Oeste y uno por cada otro departamento», precisa el acuerdo, que subraya lo esencial. La misión de la OCAG es controlar la acción gubernamental y velar por la aplicación del Acuerdo, el respeto a las leyes y la ética en la gestión de los asuntos públicos.

El acuerdo del 3 de abril también preveía la publicación de un decreto en el que se definirán las responsabilidades y el funcionamiento de la OCAG. Esta estructura de control debería permanecer en funcionamiento hasta la instalación de los miembros del poder legislativo en 2026, tras las elecciones.

Los 15 miembros del Consejo Presidencial, el gobierno y la OCAG no podrán presentarse a cargos electivos en las próximas elecciones.

Contactado el jueves por Le Nouvelliste, un miembro del Consejo presidencial declaró lacónicamente a Le Nouvelliste: «Estamos examinando el decreto que crea el Órgano de control de la acción gubernamental».

Consultado sobre el artículo 51 del acuerdo del 3 de abril que indica que «ante la urgente necesidad de establecer el poder ejecutivo de la transición, los miembros del Consejo Presidencial, el gobierno y la OCAG tienen un plazo máximo de 30 días, a partir de la fecha de su instalación, incorporar a su expediente los siguientes documentos: certificado policial emitido por la Dirección Central de Policía Judicial (DCPJ) o antecedentes penales emitidos por el TPI; declaración final del impuesto sobre la renta y el certificado de declaración de bienes en estricto cumplimiento de la Ley de declaración de bienes”, nuestras fuentes en el CPT se mostraron dudosas. 

“Los miembros del Consejo Presidencial, el gobierno y la OCAG, antes de su toma de posesión/instalación, se comprometen mediante acta notarial a presentar todos estos documentos dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, teniendo en cuenta que el la ley lo exige incluso antes de asumir el cargo», según el artículo del acuerdo del 3 de abril.

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