La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció este martes sobre los hechos que se han registrado en la región del Catatumbo (entre los departamentos Norte de Santander y Cesar), por el enfrentamiento entre las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN).
Desde esa entidad, condenaron, “las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario” y los “abusos perpetrados por grupos armados no estatales”.
Juan Carlos Monge, representante encargado de ONU Derechos Humanos en Colombia, dijo, en un video publicado en X, que este enfrentamiento ha causado “homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y confinamiento de la población”.
En su comunicado, la organización señala que verificó con varias fuentes “la ocurrencia del homicidio de al menos 60 personas”, incluyendo firmantes de paz. Al momento, aún no hay una cifra exacta de muertos. Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo recientemente que maneja la cifra de entre 28 y 30 personas en la morgue y un número similar de cadáveres que no han sido trasladados; no obstante. Este reconoció aunque la Gobernación del Norte de Santander dice que hay 80 caídos, los datos aún están en verificación.
Desde la Oficina de la ONU detallan que verificaron que entre los homicidios reportados. También están los de dos defensores de derechos humanos, los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero.
Asimismo, la organización reporta el desplazamiento forzado de más de 18.000 personas; el confinamiento de más de 1.000 ciudadanos, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y comunidades del Pueblo Yukpa; y la privación de la libertad de al menos 30 pobladores.
A ello se suma la desescolarización de 46.000 niñas, niños y adolescentes; así como amenazas y estigmatización de liderazgos sociales.
Esas violaciones han tenido lugar en los municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego.
Redoblar esfuerzos
Ante los hechos, el lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó el lunes “estado de conmoción interior y emergencia económica” en la región del Catatumbo.
Por su parte, Velásquez informó que se encuentran en la región 5.000 uniformados, cifra que podría incrementarse en los próximos días.
Desde la Oficina de la ONU reconocen “la respuesta rápida del Gobierno y del Estado colombiano para dar respuesta a esa situación de emergencia”; sin embargo, hicieron “un llamado respetuoso” para que “esos esfuerzos sean redoblados y se pueda garantizar así, tanto la protección como la atención de las necesidades humanitarias de la población”.
Además, insta al Estado a que en el marco de la implementación de la ‘Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana – Garantías para la vida y la paz 2022-2026’, articule acciones de prevención y protección de las comunidades que se encuentran en riesgo de ser afectadas por el accionar de los grupos armados no estatales. En particular, llama a avanzar en la aplicación de las acciones de inteligencia para desarticular las organizaciones armadas ilegales.
También pide que el Estado garantice que los líderes sociales y defensores de derechos humanos puedan seguir ejerciendo su labor en el territorio.
Al ELN y a los otros grupos armados no estales, la Oficina de la ONU los exhorta a respetar los derechos humanos de la población civil y les reitera su obligación de cumplir las normas del Derecho Internacional Humanitario, aplicables a los conflictos armados no internacionales.
