Lima.- El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón, que votó por la excarcelación de la lideresa opositora Keiko Fujimori, fue vinculado este sábado en el proceso contra la excandidata al revelarse que está casado con la hermana de uno de los presuntos falsos aportantes de su campaña electoral.
El fiscal José Domingo Pérez presentó en audiencia pública sus argumentos para el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Fujimori ya cumplió 13 meses de prisión preventiva hasta noviembre último cuando el TC aprobó un recurso de hábeas corpus que le permitió salir libre.
Como parte del nuevo pedido fiscal, Pérez citó varios de los testimonios recogidos en los últimos meses que revelarían el mecanismo utilizado por el partido de Fujimori, llamado Fuerza 2011 en 2011 y Fuerza Popular a partir del 2016, para recibir donaciones de empresarios y registrarlos a nombre de falsos aportantes.
– VÍNCULOS CON FALSO APORTANTE
Uno de esos falsos aportantes de la campaña de Fujimori es Javier López de Romaña, hermano de la esposa de Sardón, según confirmó el propio magistrado en un interrogatorio realizado por Pérez a inicios de este mes.
El fiscal agregó que Sardón, “un tribuno, el más alto funcionario de la justicia, ha expresado que los empresarios eran presionados por los candidatos para que les dieran aportes de dinero” para sus campañas electorales.
Sardón fue uno de los cuatro magistrados del TC que votaron a favor de la excarcelación de Keiko Fujimori a fines de noviembre pasado y de devolver el caso al momento en que se dictó esa medida en octubre del año pasado.
Minutos después de la revelación del fiscal, el magistrado Sardón escribió en sus redes sociales que “yo no puedo saber todo lo que hacen mis cuñados”, para restar importancia al vínculo.
El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, declaró a los periodistas, al final de la audiencia, que el vínculo familiar de Sardón corresponden a “informaciones que revelan graves conflictos de interés, que en su momento debieron ser informados al pleno” del TC.
“Restan aún más legitimidad a lo que se decidió en la excarcelación de Keiko Fujimori”, señaló Vela.
– DINERO LLEGÓ EN MALETINES
El fiscal Pérez reiteró que en la campaña presidencial del 2011, Keiko Fujimori y su entonces jefe de campaña Jaime Yoshiyama recibieron en efectivo, en maletines de 500.000 dólares, un total de 3.650.000 dólares.
El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, José Barata, declaró a Pérez que Yoshiyama se comunicó con él para pedirle su aporte de campaña, y que estas comunicaciones han sido ratificadas en el cruce de llamadas entre ambas personas.
En esa campaña, Odebrecht entregó un millón de dólares para la candidatura de Fujimori y, según el fiscal, el dinero que le entregó proviene de la caja dos, utilizada para sobornos.
Asimismo, el empresario Martín Pérez, allegado a la campaña de Fujimori, corroboró ante el fiscal que la excandidata y su nuevo jefe de campaña en el 2016, José Chlimper, recibieron 450.000 dólares en efectivo en su domicilio.
Pérez dijo al fiscal que Fujimori recibía personalmente el dinero junto a Chlimper, y que en algunas ocasiones lo hacía sólo alguno de ellos.
Estos indicios significan para Vela que “se han demostrado las mentiras de Fujimori y que su silencio obedece al avance de las investigaciones”.
– ANTECEDENTES DE ODEBRECHT
En otro momento de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que Fujimori “tenía conocimiento de la actividad irregular y corrupta de Odebrecht”, desde el 2008 en que se denunciaron irregularidades en la licitación y construcción de la carretera Interoceánica.
La audiencia que dirige el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado, seguirá el próximo 31 y el 2 de enero, cuando se tiene previsto que concluirá con la respuesta de la abogada defensora, Giuliana Loza.
Pérez ha dicho que existen hasta 140 nuevos elementos que sustentan su pedido de prisión preventiva y que Fujimori puede recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión, ya que ha sumado al delito de lavado de activos, los de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal.
