Brasilia. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel por corrupción desde abril de 2018, podría pasar a un régimen de prisión domiciliaria en septiembre, después de que su pena, en uno de los ocho casos de corrupción que tramitan en la Justicia, fue reducida a ocho años y diez meses.
La disminución de la condena, que en la primera instancia fue de nueve años y luego se amplió a doce en la segunda, fue decidida de forma unánime ayer martes por los cuatro miembros de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia.
Esa corte, que actúa como tercera instancia, analizó varias apelaciones presentadas por la defensa del expresidente, de 73 años, que incluían pedidos hasta para anular la causa.
Los recursos fueron negados uno a uno, pero los jueces fueron unánimes en relación a que la pena dictada en segunda instancia, que aumentó la de la primera, fue “excesiva”, por lo que la redujeron a ocho años, diez meses y 20 días.
El camino para la reducción de la pena lo abrió el juez Félix Fischer, instructor de la Quinta Sala, quien llegó al mismo cálculo de condena que los tres magistrados que le siguieron en el voto.
El caso se refiere a la primera pena dictada contra Lula en la segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero, una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas en la ciudad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.
Según las leyes brasileñas, Lula podría solicitar la prisión domiciliaria una vez que cumpla una sexta parte de la pena, lo que ocurrirá en septiembre.
