Quito (EFE).- El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, presentó este lunes una acción de protección contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, para exigirle que asigne el presupuesto necesario para la Función Judicial.
Según Terán, la Función Judicial ecuatoriana sufre de un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares, de los cuales 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la Justicia, la repotenciación de la infraestructura física y la modernización del sistema notarial.
Para el presidente de la Judicatura, en declaraciones reproducidas en la web del organismo, esas cifras revelan un aparente “ataque sistemático a la Función Judicial” y con ello una violación a los derechos ciudadanos.
Afirmó que el exiguo presupuesto ha afectado al acceso a la Justicia de los ciudadanos, el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, al trabajo digno de abogados y al derecho de los niños a recibir de forma oportuna sus pensiones alimenticias, entre otros.
“Esto es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo”, señaló Terán al asegurar que presentó la demanda contra el Gobierno “como ciudadano y como un hombre de derecho que cree en la ley y tiene fe en la Justicia”.
La acción de protección también se extendió contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y el procurador (juez de cuentas) del Estado, Juan Carlos Larrea.
Durante un encuentro con las autoridades del Consejo de la Judicatura, su director general, David Guzmán, explicó que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un “servicio de Justicia, eficiente y oportuno”.
Agregó que los continuos recortes ejecutados por el Ministerio de Finanzas han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial que sufre de un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.
Según el Consejo, en Ecuador hay actualmente 1.978 jueces, lo que determina que la tasa por cada 100.000 habitantes sea de 11, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en 2015 cuando era de 12,8.
También la reducción de recursos ha afectado la gestión de citaciones judiciales, agregó la fuente al precisar que sólo en Quito, la capital del país, hay “17.777 citaciones pendientes”.
Asimismo, reveló que la Judicatura necesita de unos 77,3 millones de dólares para cubrir las vacantes de jueces, secretarios, ayudantes, gestores de archivo y citadores, entre otros funcionarios judiciales.
Además, aseguró que hay un déficit de 46,8 millones de dólares que se requieren para costes de operatividad como la adquisición de materiales de oficina, bienes, arrendamientos, mantenimiento, repuestos, servicios generales, y vehículos, entre otros insumos. EFE
