San Juan. El Gobierno de Puerto Rico se encuentra colocado contra la pared, después que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) decidiera imponer su propio plan presupuestario para el año 2018-2019, que comenzó el primero de este mes de julio, obviando el aprobado por la Asamblea Legislativa.
El organismo impuesto por el Congreso de Estados Unidos mediante la legislación federal Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, dio de este modo un virtual jaque mate a la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), establecido en 1952.
Sin embargo, el gobernante boricua Ricardo Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), intentó este lunes devolver la estocada al firmar el presupuesto que el sábado sancionaron las cámaras legislativas, en vez del que certificó la JSF, ya que su propósito es “usar todos los instrumentos que tenga en mi arsenal para defender al pueblo”.
“Prefiero la razonabilidad, la prudencia y que podamos llegar a acuerdos para irnos en una vía de reconstrucción y desarrollo, sí de mucho trabajo, sí de mucha disciplina, sí de sacrificio, pero al otro lado está la alternativa de irnos en una vía de litigios, de conflictos que a quien hace daño es al pueblo”, manifestó a los periodistas al anticipar que convocará a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para la derogación de la Ley 80 de despido injustificado en el sector privado, tal como exige la Junta de Supervisión Fiscal, y que ha rechazado el Senado de Puerto Rico.
Al atribuir a la legislatura puertorriqueña la responsabilidad de no contar con un plan fiscal como el reclamado, que incluyera la eliminación de la Ley 80 de despido injustificado, el presidente del ente establecido por Estados Unidos hace dos años, José B. Carrión III, explicó que tuvieron que trazar el curso para establecer el rumbo de la recuperación isleña.
“Aunque será un reto, no podemos darnos el lujo de desviarnos, (ya que) todos debemos trabajar juntos para mantener ese rumbo hacia un Puerto Rico más fuerte y con mejores oportunidades para su gente lo más pronto posible”, argumentó Carrión III.
La JSF decidió certificar el presupuesto de gastos para el año fiscal 2018-2019 de 8,757 millones de dólares para el Fondo General y 20,663 millones para el presupuesto consolidado del gobierno central, lo que excluye a las corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cuyos planes fiscales serán revisados “para asegurar su alineamiento”.
Después de más de seis décadas alegando en foros internacionales —como las Naciones Unidas— que Puerto Rico había alcanzado soberanía propia, la Casa Blanca y el Congreso decidieron en 2016 cavar la sepultura del ELA al admitir que no había trascendido su condición de territorio (colonia), por lo que para sacarlo del atolladero en que se encuentra con una deuda pública impagable de más de 73 mil millones de dólares, estableció la Junta de Supervisión Fiscal de siete miembros mediante la ley Promesa, cuyo presupuesto de 60 millones de dólares proviene del dinero del pueblo puertorriqueño.
En una acción inesperada, este fin de semana el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Rob Bishop, solicitó intervenir como “amigo de la corte” en un caso ante el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston para aclarar el propósito de la ley Promesa.
La petición Bishop, cuya comisión tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, surge en medio de controversias judiciales en torno a la legislación federal, cuyo propósito es que Puerto Rico logre “responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital”.
El senador Cirilo Tirado Rivera, del opositor Partido Popular Democrático (PPD), coincidió con el presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, del oficialista PNP, en concurrir al Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, con el propósito de deslindar los campos de injerencia de la JSF en el gobierno isleño.
“Desde el punto de vista de las relaciones políticas de Puerto Rico y Estados Unidos, la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de establecer un presupuesto a su conveniencia, unido a lo que está haciendo Bishop, del comité que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, la llamada autonomía fiscal y el respeto que tenía de relación bilateral, murió, ya no existe”, reconoció a Inter News Service el senador Tirado Rivera. Opinó que la acción del gobernador Rosselló Nevares denota entrega, “se ha convertido en una figura de relaciones públicas sin poder alguno; el único poder que tiene es sobre la Asamblea Legislativa de vetar alguna medida”.
