Brasilia. El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) se convirtió en reo de una causa penal en la que se le juzgará por presuntamente haber tramado un golpe de Estado para arrebatarle el poder a Luiz Inácio Lula da Silva.
La Primera Sala del Tribunal Supremo admitió la denuncia contra Bolsonaro y otros siete de sus colaboradores, entre ellos exministros y militares de alto rango, todos ellos acusados de encabezar la conspiración supuestamente urdida entre 2021 y 2022, y de incitar los ataques contra las sedes de los tres Poderes perpetrados en enero de 2023.
El voto de los cinco magistrados de la Sala, todos ellos de perfil progresista, fue unánime y permitirá abrir un juicio para el que todavía no hay fecha y que Bolsonaro, líder de la extrema derecha, aguardará en libertad.
Los jueces entendieron que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho sospechosos por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.
Los cargos son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor de la causa, argumentó en su alegato que “la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido” en las elecciones de octubre de 2022.
La intervención militar no se materializó, según el magistrado, por “la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea” a imponer medidas de excepción.
El propio Bolsonaro ha admitido haber discutido la aplicación de estas medidas con la cúpula militar, pero reiteró que el estado de sitio y de excepción son “dispositivos constitucionales” y hablar de ellos “no es crimen”.
