Ortega señaló en una videoconferencia que fue removida porque el gobierno de Maduro quería impedir que siguiera con sus investigaciones sobre Odebrecht.
En un encuentro de procuradores y fiscales latinoamericanos en el centro de México, Ortega señaló en una videoconferencia que fue removida porque el gobierno de Maduro quería impedir que siguiera con sus investigaciones sobre Odebrecht y pidió a los fiscales no compartir información con Caracas para evitar que sea usada para evadir la justicia.
Ortega dijo que el mismo día de su destitución, su oficina sufrió un “asalto” por parte de las autoridades y que sometieron al personal. Aseguró que a 64 fiscales nacionales especializados en corrupción se les ha prohibido salir del país, como a ella, “sin ninguna fórmula procesal, por capricho del gobierno” y que sabe que varios empleados más han abandonado el país por miedo a represalias.
“Y todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht”, aseguró en sus comentarios a los procuradores y fiscales, reunidos en la ciudad central de Puebla. “Eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones, los montos y personas que se enriquecieron y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno”.
Ortega les pidió entonces cautela con la información que compartan con el nuevo fiscal designado. “Cualquier información que ustedes remitan en este momento al ministerio público (venezolano) va a ser utilizada con fines contrarios a los previstos, sería destruida la evidencia, aprovecharían información para atentar contra la fuente. Estas son las consecuencias que nosotros hemos tenido que enfrentar”.
Las palabras de Luisa Ortega, a cuyo audio tuvo acceso The Associated Press, suponen su primera aparición desde que fue destituida el 5 de agosto. La antigua aliada del chavismo tiene prohibido salir de Venezuela y le congelaron sus cuentas bancarias, además de que las autoridades allanaron su residencia esta semana y ordenaron la captura de su esposo al que acusan de dirigir una red de extorsión.
Ante toda esta situación, Ortega pidió la solidaridad de sus compañeros ante lo que definió como unas instituciones “que se han apartado de la legalidad” y se han convertido “en promotores de un gobierno totalitario”.
Dijo que el fiscal general actual es “ilegítimo” y “cómplice” del gobierno y que “hay una persecución sistemática” en su contra.
“Tengan la certeza que no dejaré de luchar, podrán inventar casos, me podrán inventar delitos, podrán seguir encarcelando y persiguiendo a mis familiares y a mi entorno pero jamás renunciaré a algo que juré: defender hasta el último aliento la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela”, dijo a modo de despedida.
En el encuentro estaba previsto que acudiera por parte de Venezuela Roberto Acosta, director general contra la delincuencia organizada, pero según el listado de asistencia de la fiscalía mexicana, nunca llegó.
Las autoridades mexicanas no respondieron a una solicitud de información de la AP The Associated Press sobre cómo se decidió la participación de Ortega.
