Jerusalén, 29 ene (EFE).- La palestina Manal Jaiat trabaja desde hace casi tres décadas en la clínica Bab al Zawiya, afiliada a la UNRWA, dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Pero a partir de mañana, el primer día del veto israelí contra esta agencia de la ONU que presta servicios de sanidad y educación a los refugiados palestinos, no sabe si podrá seguir haciéndolo.
“Altos funcionarios de la clínica nos han dicho que mañana abramos como de costumbre y que, en caso de peligro o de que nos entreguen una orden de expulsión, salgamos en seguida sin discusiones para protegernos”, le dice a EFE esta jefa de enfermería de 49 años.
A finales de octubre de 2024 el Parlamento israelí aprobó dos leyes prohibiendo a la UNRWA operar “dentro del territorio soberano del Estado de Israel”, así como tener contacto con funcionarios israelíes o mantener “cualquier servicio o actividad” en el país.
Las autoridades israelíes reiteran que la UNRWA esta “infectada por milicianos de Hamás” y que más que una entidad humanitaria funciona como un “escudo para los terroristas”, repitió hoy en una videoconferencia con la prensa David Mencer, portavoz del Gobierno, quien no respondió quién va a suplir estos servicios, sobre todo, en Jerusalén Este, pero también en Gaza y Cisjordania.
Jaiat tiene miedo de quedarse sin trabajo y asegura que aunque los pacientes de este centro -palestinos con diabetes e hipertensión, madres embarazadas y bebés que necesitan ser vacunados- le preguntan desde hace días a dónde van a poder acudir ahora, tampoco sabe qué contestarles.
Ola de pacientes y enfermos
Ayer martes, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dio 48 horas a la UNRWA para evacuar sus centros en los barrios de Maalot Dafna y Kfar Aqueb y cesar sus servicios en Jerusalén Este, área ocupada y anexionada por Israel de forma unilateral y que este considera territorio soberano.
Desde entonces, la clínica de Bab al Zawiya no ha dejado de recibir a pacientes que temen no poder continuar con sus tratamientos a partir de mañana. Jaiat dice que alrededor del mediodía ya habían atendido a 200 personas, una cifra que no suelen alcanzar en todo un día.
Israel acusa a la UNRWA de tener vínculos con Hamás, aunque de momento solo ha presentado pruebas puntuales contra una docena de sus alrededor de 13.000 trabajadores en la Franja. Diplomáticos creen que el objetivo final de Israel es el de buscar deshacerse del estatuto de refugiados del que hoy gozan más de 5 millones de palestinos; pese a que su desmantelamiento no lo eliminaría.
El palestino Tawfik Shistawi, originario de Jerusalén, abandona la clínica con varias láminas de pastillas azules en una mano. Es de los pocos presentes que mantiene cierta esperanza y que cree que la decisión, quizá, no se adopte.
“Espero que se analice con cuidado, que la decisión sea revertida y que la clínica siga abierta”, dice Shistawi a EFE, “porque brinda servicios a los ancianos aquí en Jerusalén, especialmente a algunos palestinos que no tienen dinero para pagar”.
Para la enfermera Jaiat, la gran incógnita es qué pasará con la UNRWA en una devastada Franja de Gaza, donde esta agencia de la ONU es el principal proveedor de convoyes de ayuda humanitaria y mantiene más de 280 escuelas y una veintena de clínicas, muchas destrozadas durante la ofensiva israelí de más de 15 meses.
Aunque la ley solo les prohíbe operar en suelo israelí, en la práctica, la ‘política de no contacto’ con funcionarios gubernamentales impide la concesión de visados y tarjetas diplomáticas, así como el poder coordinar con el Ejército israelí el cruce de personal en puestos de control y el acceso de mercancías a una Cisjordania y Gaza ocupadas.
“En Gaza la situación es diferente”, reconoce Jaiat, “pero allí también se encuentran bajo amenaza de cierre”, lamenta.
