El Senado de EE. UU., con mayoría republicana, aprobó este lunes la polémica Ley Laken Riley, una medida migratoria que otorga nuevas facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a inmigrantes indocumentados acusados de delitos como robo, agresiones a agentes de la ley o violencia grave.
La propuesta fue aprobada con 64 votos a favor y 35 en contra, con el apoyo de 12 demócratas que se unieron a los republicanos. La ley toma su nombre de Laken Riley, una universitaria de 22 años asesinada en febrero de 2024 por un inmigrante venezolano que había ingresado ilegalmente al país.
La legislación, que también permite a los fiscales estatales demandar al Gobierno federal por fallas en la aplicación de la ley migratoria, podría convertirse en la primera gran victoria legislativa de la nueva administración republicana bajo el liderazgo de Donald Trump.
El objetivo principal de esta ley es reforzar la seguridad interna y responder a las preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses sobre el impacto de la inmigración ilegal en el país.
El senador Mike Rounds, de Dakota del Sur, destacó que la legislación envía un mensaje claro: “Reconocemos las preocupaciones de los estadounidenses sobre lo que ha sucedido en la frontera sur, y este proyecto de ley es una forma de hacer que Estados Unidos sea más seguro”.
Por su parte, los opositores a la ley argumentan que la medida podría resultar en deportaciones masivas, afectando a personas que no representan una amenaza para la seguridad pública y exacerbando las tensiones raciales.
¿Qué incluye la Ley Laken Riley y cómo afectará a los inmigrantes?
La Ley Laken Riley otorga al ICE la obligación de emitir órdenes de detención y tomar bajo su custodia a inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos graves, incluidos el robo, asalto y la violencia contra agentes del orden.
Asimismo, la legislación permite que los estados demanden al Gobierno federal si consideran que la inacción en la aplicación de la ley migratoria ha causado perjuicios a los residentes del estado.
Esta disposición, que otorga mayor poder a los fiscales estatales, podría cambiar significativamente la dinámica de la aplicación de la ley migratoria en todo el país.
El proyecto de ley también elimina las políticas de santuario, que limitan la cooperación de las autoridades locales con ICE en la detención de inmigrantes sin papeles.
Este cambio tiene como objetivo reforzar las políticas de inmigración federal y asegurar que los inmigrantes acusados de delitos graves sean detenidos y deportados de manera más eficiente.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por el impacto que tendrá la medida en la comunidad migrante, argumentando que podría llevar a deportaciones injustas, aumentar la discriminación y violar derechos fundamentales.
El trasfondo de la ley
La Ley Laken Riley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta en Georgia, que la asesinaron brutalmente el 22 de febrero de 2024 por José Ibarra, un inmigrante venezolano que había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos.
Ibarra, quien lo arrestaron anteriormente pero se le permitió quedarse en el país mientras se resolvía su caso de asilo, y se le condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras un juicio en noviembre de 2024.
Este trágico evento generó una ola de indignación pública y se convirtió en uno de los factores clave para la creación de la ley.
Aunque la ley se inspira en este caso, los defensores de los derechos humanos han señalado que no hay evidencia suficiente de que los inmigrantes ilegales sean más propensos a cometer crímenes violentos que los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, la Ley Laken Riley se ha convertido en una de las principales banderas de la campaña republicana, que continúa utilizando casos de delitos cometidos por inmigrantes como plataforma para impulsar sus políticas de inmigración más estrictas.
Implicaciones y desafíos legales
Los expertos en inmigración han destacado que la nueva facultad otorgada a los fiscales generales estatales para demandar al gobierno federal podría generar una serie de disputas legales, que podrían ralentizar aún más el proceso de implementación de políticas migratorias.
Además, la falta de financiación adicional para que los servicios migratorios implementen las nuevas medidas plantea dudas sobre su viabilidad en el corto plazo.
De acuerdo con estimaciones de demócratas en el Senado, la implementación de esta ley podría costar hasta 83.000 millones de dólares en los próximos tres años, aunque los republicanos han rechazado estos cálculos.
