MIAMI (AP) — Uno era un teniente del ejército venezolano que desertó por su oposición a las autoridades. El otro un activista político que asegura que tuvo que huir después de que grupos aliados al gobierno atacaron su casa. Al igual que miles de compatriotas, ambos terminaron en Estados Unidos porque creían que era el lugar perfecto para pedir asilo político.
Helegner Tijera Moreno, el exmilitar, permanece detenido con una orden final de deportación en una prisión para inmigrantes del estado de Nuevo México a la espera de un milagro que frene la decisión de un juez de rechazar su solicitud de asilo y repatriarlo.
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El activista, Marcos Guada, fue devuelto a Venezuela en julio pese a haberles suplicado a las autoridades que no lo repatriaran porque tenía miedo de ser detenido y asesinado en su país. A los tres días de haber llegado a Caracas escapó hacia República Dominicana.
El rechazo de sus solicitudes fue una dura lección sobre los límites del asilo en Estados Unidos incluso para las personas que escapan de un país al borde del colapso económico y social y cuyo gobierno ha sido condenado y sancionado por la administración del presidente Donald Trump.
“Llegamos aquí porque Estados Unidos es el principal opositor del gobierno venezolano y porque es el que pensamos tenía más posibilidades de darnos ayuda”, dijo Tijera en una entrevista telefónica con The Associated Press desde el centro de detención. “Lamentablemente nos equivocamos”.
Los venezolanos se han convertido en el grupo más numeroso de personas que buscan asilo en Estados Unidos, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Sus solicitudes, sin embargo, son rechazadas de manera creciente y deben regresar a vivir a su país o unirse a los más de dos millones de compatriotas que se han refugiado en otras naciones.
“Buscaba salvar mi vida, mi integridad”, recordó Guada sobre su decisión de irse de Venezuela. “Mi vida corría peligro”.
En 2017 se presentaron cerca de 28.000 solicitudes de asilo político de venezolanos, algunas a nombre de más de una persona, lo que significó un incremento de 50% respecto del año anterior y cinco veces más que en 2015.
Otros miles de venezolanos presentaron demandas en los tribunales de inmigración para frenar sus deportaciones después del vencimiento de sus visas o de que sus peticiones iniciales de asilo fueron rechazadas.
Las solicitudes de asilo demoraban al menos unos cuatro años en resolverse, pero la administración de Trump ha buscado acelerar el proceso como parte de su política de inmigración de mano dura.
Al menos 250 venezolanos fueron deportados en 2017, un aumento de 36% con respecto al año anterior. Esa cantidad ya fue superada este año con 258 deportaciones hasta julio.
Al igual que Tijera, otros 265 venezolanos permanecen detenidos a la espera de ser deportados.
Una organización que recopila e investiga información del gobierno en la Universidad de Syracuse -llamada Transactional Records Access Clearinghouse o TRAC- encontró que la mitad de los pedidos de asilo de venezolanos han sido denegados en los tribunales de inmigración en los últimos cinco años. En comparación, casi el 90% de las solicitudes de ciudadanos de Haití y México también fueron rechazadas, mientras que menos del 20% de los pedidos de personas provenientes de Siria y el 10% de Bielorrusia fueron desechados.
Para poder obtener asilo los migrantes deben demostrar que enfrentan una amenaza inminente de persecución si regresan a sus países por razones de raza, religión, opinión política o por formar parte de un determinado grupo social.
“La violencia general, el caos, la economía, no son suficientes”, expresó Juan Carlos Gómez, un abogado de inmigración que dirige una clínica legal en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami. “Muchos venezolanos aplican para asilo pensando que se van del infierno y alguien los va a proteger y, tristemente, no es la ley”.
Muchos venezolanos creen que les van a conceder asilo porque Estados Unidos ha criticado y sancionado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al de su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez.
“Hay una doble moral del gobierno americano”, dijo Guada. “Por delante dice una cosa y por detrás hace otra”.
Defensores de los inmigrantes aseguran que quienes buscan asilo tienen razones para no entender cómo funciona el sistema.
“Es una contradicción que en la política de inmigración estadounidense con frecuencia condenamos la condiciones existentes en otro país y luego deportamos a personas a esas condiciones”, manifestó Royce Murray, directora de política del American Immigration Council.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración no ofrece información sobre casos individuales pero asegura que hace cumplir las leyes.
“La verdad es que las solicitudes se han incrementado significativamente en los últimos años porque los migrantes saben que pueden sacar provecho de un sistema quebrado para entrar en Estados Unidos, evitar deportaciones y permanecer en el país”, dijo Michael Bars, portavoz de esa agencia.
El caso de Tijera parecería fuerte ya que fue teniente del ejército y el apoyo de los militares es considerado uno de los pilares que mantiene a Maduro en el poder. Dos militares fueron arrestados recientemente por su presunta participación en un intento de asesinar a Maduro con drones y Tijera piensa que sería detenido y torturado si regresara a Venezuela.
Huyó de allí en enero de 2015 cruzando la frontera con Colombia. Buscó asilarse en Italia, pero como no lo consiguió viajó a México y desde allí cruzó hacia Estados Unidos. Pidió asilo en un puesto de control fronterizo en Texas.
“Si regreso ellos pueden imponerme cualquier cargo al llegar. Saben que soy un traidor a la patria”, dijo el exmilitar.
En Venezuela, Guada era un empresario que participaba activamente en campañas de la oposición en el estado de Carabobo, en el norte del país. Tras varias amenazas escapó en 2010 después de que grupos allegados al gobierno atacaron su casa con piedras, rompiendo ventanas y puertas. Llegó a Laredo, en la frontera de Texas, y tras pedir asilo fue detenido por casi tres meses y luego liberado al pagar una fianza de 13.000 dólares.
Su esposa tiene residencia legal y sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses, pero ni eso ni sus súplicas convencieron a las autoridades de que enfrentaba peligro en su país. Agotó sus apelaciones y fue deportado en julio.
“Siento frustración”, expresó el hombre de 50 años. “Yo no merecía esto”.
Tampoco Tijera pudo convencer al juez de que lo arrestarán si regresa a su país. Recientemente lo cambiaron de lugar en el centro de detención de Nuevo México donde permanece y teme que pueda ser deportado en cualquier momento.
Tanto era el miedo que sentía Guada al llegar a Venezuela que a los tres días de haber sido repatriado tomó un avión a República Dominicana, donde ahora vive con uno de sus hijos.
“Sentía terror porque a todo el que habla en contra del régimen lo silencian de alguna manera”, dijo.
