El Congreso de Colombia inició por primera vez un debate sobre un proyecto de ley que plantea la regulación de la hoja de coca y sus derivados.
La discusión, que inició este miércoles con algunos atropellos porque se pretendía la inclusión de otros temas antes que este, se está dando en la Comisión Primera del Senado.
El proyecto fue presentado en agosto de 2020 por los senadores Iván Marulanda, del partido Alianza Verde; y Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y líder indígena nasa.
Esta iniciativa “se rige por un enfoque de derechos humanos, salud pública, reducción de riesgos y daños”, y propone una regulación que “distingue el tipo de producto (psicoactivo o cocaína, del no psicoactivo como alimentos y cosméticos a base de coca), el tipo de uso (problemático, no problemático, científico y farmacéutico) y la etapa en la cadena de valor (cultivo, transformación, distribución, comercialización y consumo)”, dice un comunicado de Alianza Verde.
Alternativa al combate al narcotráfico
En su intervención ante la Comisión Primera del Senado este miércoles, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal y a favor del proyecto, dijo que esta iniciativa plantea al país “una alternativa distinta para enfrentar el narcotráfico”.
“Acabar el negocio del narcotráfico implica convertir el narcotráfico en un mal negocio para las mafias, y esto se logra regularizando el negocio por parte del Estado. Quitémoslo de la lógica de la violencia“, manifestó el legislador.
Su posición fue secundada por el senador Temístocles Ortega, del partido Cambio Radical, quien enfatizó “las medidas de lucha contra las drogas actuales no han sido efectivas”.
El senador Roosvelt Rodríguez, del partido de Unidad Nacional, indicó que el proyecto protege al consumidor ya que, “actualmente para acceder a la dosis mínima, la cual está permitida, se debe acudir a los mercados clandestinos”.
Marulanda, que calificó como “un día histórico” para el Congreso, aseguró que “el proyecto busca que el Estado compre la hoja de coca a precios del mercado a los campesinos que la producen, con el fin de entregarla a los consumidores de forma gratuita (en dosis reguladas por médicos)”. Y agregó: “Esta medida resulta más útil y económica que la erradicación“.
Según su criterio, de esta manera le estarían “quitando la materia prima a las mafias del narcotráfico y los consumidores a las redes del microtráfico criminales del país”.
“La guerra contra el narcotráfico se perdió en el mundo y esa derrota nos ha costado muy caro a los colombianos. A lo largo de 50 años hemos dejado en esa guerra una estela de muerte, de violencia, de pérdida de tranquilidad de millones de familias, de pobreza, de pérdida de territorios muy importantes sobre los cuales el Estado no ejerce la soberanía porque están en manos de organizaciones criminales”, subrayó Marulanda.
Oponentes
Más allá de los argumentos a favor, el proyecto encontró resistencias en la Comisión Primera del Senado. La senadora María Fernanda Cabal, del gobernante partido Centro Democrático, aseveró que la propuesta de ley debería ser sometida “a consulta previa con todas las comunidades indígenas”.
Del mismo modo, apuntó que “lo que se refleja en la ponencia de este proyecto de Ley 236 es un interés por mostrar un fracaso del Estado en su guerra contra las drogas”.
Por su parte, Esperanza Andrade Serrano, senadora del Partido Conservador, pidió que el proyecto “sea revisado con lupa” y “se apruebe solamente lo que le convenga al país”.
La erradicación
El proyecto de ley presentado por Marulanda y Valencia establece que comprar toda la producción de coca le costaría al Estado alrededor de 2,6 billones de pesos (unos 710 millones de dólares), cifra menor que la que se utiliza para erradicar este cultivo.
Y este debate se da justamente luego de que esta semana, en un mensaje institucional conjunto, los ministros de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y de Defensa, Diego Molano, anunciaran el decreto presidencial 380, que establece los lineamientos del ‘Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea’.
En concreto, se trata de las fumigaciones aéreas con glifosato, que el presidente Iván Duque ha considerado “obligatorias” para eliminar los sembradíos ilegales de coca, que alcanzan las 212.000 hectáreas en el país suramericano.
La medida ha encontrado oposición en algunos sectores que denuncian los daños a la salud que esto causaría, como la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac), la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), algunos congresistas, entre otros.
