El asalto bolsonarista al Congreso, el Supremo y el Palacio presidencial de Brasilia el domingo 8 ha llevado a la cárcel, de momento, a 1.200 detenidos. Hubo más arrestados (en total fueron más de 1.500), pero muchos fueron puestos en libertad con cargos por “razones humanitarias”, porque eran mayores, estaban enfermos o tenían niños a su cargo.
Quienes permanecen presos son, sobre todo, los más violentos y detenidos in fraganti dentro de los edificios invadidos: los hombres van a la temida cárcel de Papuda, y las mujeres, a Colmeia, dos centros penitenciarios a las afueras de Brasilia.
Podrían ser acusados de delitos gravísimos: terrorismo, abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado, además de asociación criminal y vandalismo, según explica por teléfono el abogado Philipe Benoni, presidente en Brasilia de la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas.
Además de representar a los letrados de la capital, ya tiene a algunos clientes entre rejas, y sabe que su defensa no será fácil: “Claramente, las penas sumadas pueden llegar a más de 30 años. Hay que entender que fueron actos graves, sin precedentes en la historia de Brasil. Ni el golpe de 1964 llegó a esa magnitud y osadía de invadir las instituciones de aquella forma, los tres poderes”, resume.
Hay bastantes indicios que apuntan que los radicales sabían muy bien lo que había que hacer para burlar la seguridad de los edificios. En las fichas policiales elaboradas tras los interrogatorios y a las que accedió la cadena Globo, consta que algunos estaban armados con estacas y objetos puntiagudos.
Uno de los encarcelados, por ejemplo, declaró que solo los usaría en caso de “ser atacado por izquierdistas”. Una vez dentro del palacio presidencial, robaron munición y armas de fuego. La pasividad con la que actuaron los agentes de la Policía Militar y algunas autoridades locales también está siendo investigada.
El comandante de la policía al cargo del operativo fue arrestado, el secretario de Seguridad, que además fue ministro de Justicia del Gobierno Bolsonaro, tiene una orden de detención y el gobernador de Brasilia fue apartado del cargo.
Mientras tanto, a los presos de Papuda les espera un futuro bastante sombrío. A pesar de que se trata de una cárcel de máxima seguridad, no se libra del principal problema estructural del sistema penitenciario brasileño: la masificación.
Tiene capacidad para 5.800 presos, pero alberga unas 13.200 personas, más del doble. Las condiciones de salubridad y seguridad posiblemente serán un shock para los 770 hombres detenidos. La cárcel femenina, nuevo hogar de 420 bolsonaristas, está un poco mejor.
La mayoría de los detenidos son de fuera de Brasilia y llegaron a la capital para participar en la marcha del día 8 que desembocó en la invasión. Entre ellos hay varios militares retirados.
Hace unos días, cuando los presos fueron trasladados provisionalmente a un polideportivo de la policía para ser interrogados, muchos clamaban al cielo por el escaso confort.
Algunos llegaron a quejarse de que el wifi no funcionaba, según relató una abogada que fue a revisar su situación. El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, que ordenó las detenciones, tiró de sarcasmo: “Esos terroristas que hasta el domingo provocaban el caos y crímenes ahora se quejan de que están presos y quieren que la cárcel sea una colonia de vacaciones. Que no piensen que las instituciones van a aflojar”, advirtió.
El abogado Benoni aclara que, de momento, los golpistas están en la zona de detención temporal de la cárcel, no en sus pabellones principales, donde se encuentran presos tan temidos como Marcola, el narcotraficante líder del Primer Comando da Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Sudamérica, o famosos políticos encarcelados por corrupción durante la Operación Lava Jato.
Nada más llegar a prisión, los bolsonaristas recibieron un uniforme de color blanco impoluto (camiseta, pantalón y chanclas) y fueron vacunados contra la covid-19 de forma obligatoria. Comen tres veces al día y tienen acceso a lectura y a 30 minutos con sus abogados.
Según Benoni, cuando pasen a las alas definitivas podrían compartir celda hasta con 50 personas. “Si les parecía mal el polideportivo de la policía, esto es mucho peor, y mira que esta es una de las mejores cárceles de Brasil”, remarca.
Lo que pase a partir de ahora todavía está en terreno nebuloso, porque su situación actual también es muy dudosa. Todos esos 1.200 presos no están en prisión preventiva (que dura diez días) ni temporal (que carece de plazo definido), sino que siguen en un estatus legal que en Brasil es el de detenidos in fraganti.
Es una tierra de nadie que, según el representante de los abogados, es bastante irregular. En cambio, no considera un problema que todos estén acusados por el juez Moraes de un crimen tan grave como terrorismo o golpe de Estado, aunque entre ellos haya muchos que se manifestaron de forma pacífica. En su opinión, se trata de algo frecuente en crímenes multitudinarios, cuando no se puede individualizar cada comportamiento. Eso se hará a partir de ahora.
Analizar cada caso corresponde ahora al todopoderoso juez Moraes, pero es “humanamente imposible” que su gabinete analice la situación de cada preso en un tiempo razonable.
Por eso, los abogados de Brasilia han pedido al Supremo que movilice a jueces auxiliares para avanzar rápidamente. Teóricamente, la policía debería concluir la investigación de lo que ocurrió en 30 días, pero ante la magnitud de los acontecimientos es casi seguro que el plazo se alargará. Después llegarán las denuncias de la Fiscalía, y los juicios.
“Es una situación excepcional por la gravedad de los hechos, será un proceso gigantesco que no sabemos cómo será juzgado”, admite el letrado capitalino.
