Bogotá. Los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia “el más grave retroceso en décadas” en materia de derechos humanos en América Latina.
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2022, publicado ayer, dijo que este agravamiento se da en medio de la pandemia de la covid-19, que ha supuesto para la región un desafío en todos los órdenes, pero también ha significado para ciertos Gobiernos la oportunidad de implementar medidas arbitrarias, señala la organización pro derechos humanos en un apartado de su reporte anual titulado “América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas”. “La pandemia de la covid-19 ha sido una excusa maravillosa para que líderes autoritarios adopten medidas restrictivas que igual querían adoptar”, declaró la directora interina de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk.
Sobre Cuba, HRW expresa su preocupación por los “abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos” tras las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de julio.
En el caso de Nicaragua, HRW denuncia que las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre “se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas”, después de que las autoridades detuvieran previamente a siete candidatos rivales del presidente y entonces aspirante a la reelección, Daniel Ortega, manteniendo a muchos de ellos “incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses”.
En Haití, según el informe, la connivencia con actores estatales hace que la rampante violencia de los cada vez más grandes grupos de pandillas castigue más a la población.Señala en su reporte sobre América Latina que la inseguridad provocada por unas 95 bandas armadas ha causado el desalojo de sus hogares y desplazamiento de 19.100 personas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe en 2021.
HRW ve con mucha inquietud que se haya venido dando una “violencia endémica” hacia las mujeres en Argentina, ya que esto constituye una de las vulneraciones de derechos humanos “más duraderas”.
