Las manifestaciones y la tensión en las calles del país comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social aprobadas por el gobierno de Daniel Ortega.
En cuestión de días, Ortega suspendió dichos cambios pero producto de la represión y muertes, las marchas no solo continuaron sino que se amplificaron y los manifestantes empezaron a solicitar la renuncia del sandinista, a quien acusan de autoritarismo.
Ortega, por su parte, ha negado ser el responsable de la violencia y las muertes y ha dicho que lo que urde en su contra es un golpe de Estado. También ha rechazado el adelanto de elecciones a como lo ha pedido Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Leiva se mostró alarmado por el aumento en la cifra de muertos desde que presentó el último informe el pasado 11 de julio. “Un total de 97 murieron en 15 (días), razón de seis por día”, y agregó que de acuerdo al recuento, Managua registra el mayor número de fallecidos con 189, seguido de Masaya con 55.
La violencia ejercida por el Estado y sus simpatizantes ha sido contra manifestantes que piden un cambio de gobierno y ha alcanzado a la Conferencia Episcopal, cuyos miembros han sido agredidos verbal y físicamente calificados de “golpistas”.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este jueves que Ortega está librando una “guerra virtual” en contra de la iglesia católica nicaragüense.
“Durante meses, los obispos de Nicaragua han intentado promover un diálogo nacional tras las protestas prodemocráticas que barrieron el país a principios de este año”, dijo Pence durante una reunión ministerial para proteger la libertad religiosa celebrada en el Departamento de Estado.
Agregó que “las masas respaldadas por el gobierno armadas con machetes e incluso armas pesadas han atacado parroquias y propiedades de la iglesia, y los obispos y sacerdotes han sido agredidos físicamente por la policía”.
El obispado nicaragüense ha sido mediador y testigo de un diálogo nacional desde el 16 de mayo en busca de una salid a la crisis. Producto de ese encuentro, al país han llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y delegados del alto Comisionado de Naciones Unidas, que han constatado los alcances de la violencia política en el país.
