San José, (EFE).- La Iglesia católica de Costa Rica se encuentra inmersa en una de sus mayores crisis tras una oleada de denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, situación que ha obligado a los obispos a pedir perdón y a reconocer que su respuesta ante los casos no ha sido la adecuada.
En este país de 5 millones de habitantes, donde la religión católica está estipulada como oficial en la Constitución Política de 1949, se han desatado en los últimos meses numerosas denuncias de hombres que afirman haber sido abusados y violados por sacerdotes cuando eran menores de edad.
Uno de los casos más sonados es el del sacerdote Mauricio Víquez, acusado penalmente por violación contra un menor de edad.
Un juzgado penal de Costa Rica giró el pasado 19 de febrero una orden de captura internacional contra Víquez, quien salió del país el pasado 7 de enero y cuyo paradero se desconoce.
El caso podría prescribir en septiembre próximo cuando se cumplan diez años desde que el denunciante cumplió la mayoría de edad, que es el plazo límite establecido por la legislación costarricense para el trámite de este tipo de casos.
El cura fue denunciado en octubre de 2018 por una supuesta violación sexual contra un menor que habría ocurrido en el año 2003 cuando se desempeñaba como sacerdote en la parroquia de San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados, San José.
Víquez también enfrenta otras nueve denuncias canónicas interpuestas por hombres que fueron en su mayoría monaguillos en iglesias de Tres Ríos, provincia de Cartago (centro) y Patarrá.
Estas denuncias no se tramitan en el ámbito penal porque están prescritas.
El otro sacerdote investigado por las autoridades judiciales desde el 25 de febrero pasado es el de Manuel Guevara Fonseca, sospechoso del delito de abuso sexual contra un menor de edad.
Por otra parte, el 21 de febrero pasado un hombre mayor de 50 años identificado como Arnoldo Villalta denunció públicamente que cuando era menor fue violado por el sacerdote Hernán Castillo Huertas.
Villalta dijo que hace dos años presentó una denuncia canónica.
La crisis de la Iglesia se agrava porque las víctimas afirman que la institución como tal y en algunos casos el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, han encubierto los casos.
Las autoridades judiciales de Costa Rica allanaron el pasado 7 de marzo la sede de la Curia Metropolitana y del Tribunal Eclesiástico como parte de las investigaciones contra los sacerdotes Víquez y Guevara.
La Iglesia ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los casos, y ya ha emitido dos comunicados en los que pide perdón por los delitos cometidos por sacerdotes y reconoce que no ha afrontado la situación debidamente.
La primera vez que pidió perdón fue el pasado 1 de marzo y la segunda el 15 de este mismo mes, tras una reunión ordinaria de los obispos, impulsados por los resultados del Encuentro de Protección de Menores en la Iglesia, convocado por el papa Francisco en febrero pasado.
“Nosotros los obispos, junto con todo el pueblo de Dios, pedimos perdón por estos crímenes que han dañado gravemente a los más pequeños del rebaño del señor. Sin querer juzgar el pasado,
admitimos humildemente que no siempre se ha dado la atención debida a estos delitos, ni su lugar a las víctimas de los mismos y sus familias”, indica el comunicado del 15 de marzo
