En la disputa se enfrentan problemas de privacidad de datos contra el derecho del público a la información, al tiempo que plantea interrogantes complicadas sobre cómo hacer cumplir las distintas jurisdicciones legales frente a la ausencia de fronteras en internet.
Ambas partes buscan que se aclare una decisión de 2015 emitida por la autoridad francesa en la que solicitó a Google eliminar los resultados de todos sus buscadores cuando alguien lo solicite, y no solo en los sitios de Francia como google.fr.
Google declinó comentar al respecto antes de la audiencia. Su abogado, Kent Walker, dijo en una publicación hecha en un blog en noviembre que cumplir la orden “alentaría a otros países, incluso a los regímenes menos democráticos, a que intenten imponer sus valores a los ciudadanos del resto del mundo”.
“Estos casos atentan gravemente contra el derecho del público a acceder a la información lícita”, agregó.
En una decisión inusual, el tribunal ha permitido que varios grupos defensores de la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos civiles presenten sus opiniones sobre el caso. Estos grupos coinciden con Google de que obligar a compañías de internet a retirar los enlaces en las páginas web amenaza el acceso a la información y podría allanar el camino a la censura en regímenes más autoritarios como China, Rusia y Arabia Saudí.
Se prevé que el tribunal emita su fallo en los próximos meses. Estará precedido por la opinión del abogado general de la corte.
El caso deriva del histórico fallo en 2014 del Tribunal Justicia sobre que las personas tienen el derecho a controlar lo que aparezca cuando su nombre sea buscado en línea. Esa decisión obligó a Google a eliminar enlaces a información personal obsoleta o vergonzosa que aparecía en las búsquedas de sus nombres.
