CARACAS (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump impuso el viernes amplias sanciones financieras a Venezuela, que incluye una prohibición a los bancos estadounidenses para realizar transacciones nuevas con el gobierno o con la petrolera estatal PDVSA.
La Casa Blanca señaló en un comunicado que las sanciones “están calibradas cuidadosamente para retirarle a la dictadura de Maduro una fuente crucial de financiación para mantener su régimen ilegítimo, proteger al sistema financiero estadounidense de la complicidad con la corrupción de Venezuela y el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la ayuda humanitaria”.
Un alto funcionario del gobierno dijo que se impondrían sanciones adicionales si el presidente Nicolás Maduro no cambia de rumbo y accede a los pedidos de la oposición de anular los planes de reformar la constitución, libera a decenas de presos políticos y realiza elecciones libres y transparentes.
En una conferencia de prensa telefónica, el funcionario dijo que Estados Unidos tiene una influencia significativa sobre la economía venezolana, pero no quiere ejercerla de una manera irresponsable que agrave las penurias del pueblo venezolano.
Las medidas anticipan una escalada mayor de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, y agravarían la crisis económica del país sudamericano.
Las nuevas medidas prohíben las transacciones en bonos emitidos por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal. También impiden las transacciones con ciertos bonos existentes en poder del sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno de Venezuela.
Sin embargo, reflejando la fuerte presión de la industria petrolera estadounidense, no interrumpen la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos, que es crucial tanto para la economía venezolana como para las refinerías estadounidenses.
Anticipando las sanciones, el vicepresidente Mike Pence señaló en un tuit que Estados Unidos “no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se desploma” y que los venezolanos tienen “el derecho fundamental” a la libertad.
Días atrás, Pence se reunió con exiliados venezolanos en Miami para expresar su solidaridad con las gestiones para proteger a la democracia en el país sudamericano, ante las medidas cada vez más autoritarias de Maduro.
El mes pasado, Washington advirtió que tomaría medidas económicas enérgicas si Maduro cumplía su plan de crear una Asamblea Constituyente formada por miembros leales al oficialismo.
Desde la instauración de la Constituyente, sus 545 delegados han votado por aclamación destituir a la fiscal general, arrebatarle el poder a la Asamblea Nacional dominada por la oposición y crear una “comisión de la verdad” que muchos temen será utilizada para atacar a los opositores. Varios alcaldes opositores han sido destituidos y la corte suprema, dominada por el gobierno, ha ordenado su arresto.
Las nuevas sanciones probablemente agravarán una crisis en la cual la economía petróleo-dependiente se ha reducido en alrededor de 35% desde 2014.
Maduro parecía casi resignado a esa posibilidad. Días atrás advirtió que el gobierno de Trump preparaba un “bloqueo comercial, petrolero y financiero” similar al aplicado a Cuba desde hace décadas, y que el objetivo era allanar el camino a una intervención militar.
“Venezuela va a tomar esas sanciones como un reto y una oportunidad y pide el apoyo del mundo”, dijo Maduro el martes.
Durante una gira latinoamericana semanas atrás, Pence restó importancia a las declaraciones recientes de Trump sobre una “opción militar” para Venezuela, aunque habló reiteradamente sobre la posibilidad de sanciones.
David Smilde, sociólogo de la Universidad Tulane y quien estudia Venezuela desde hace décadas, dijo que las sanciones que cortan de cuajo el flujo de caja del gobierno y perjudican a la población probablemente fortalecerán a Maduro en el corto plazo.
“Darán fundamento a su argumento de que Venezuela es blanco de una guerra económica”, dijo Smilde.
Pero dada la calma relativa que reina en las calles y el golpe que ha sufrido la oposición por su incapacidad de impedir la instauración de la Constituyente, las medidas de la comunidad internacional representan la mejor oportunidad para frenar a Maduro, añadió.
El gobierno tiene dificultades para combatir ya la carestía y la inflación galopante, al tiempo que la producción de petróleo _el líquido vital de la economía_ ha caído a su nivel más bajo en más de dos décadas. Las sanciones, por leves que sean, acrecientan el riesgo de que Venezuela caiga en mora de los pagos de su deuda.
El gobierno y PDVSA enfrentan vencimientos de deuda por alrededor de 4.000 millones de dólares este año, pero apenas 9.700 millones en reservas internacionales disponibles, principalmente en lingotes de oro que son difíciles de trocar inmediatamente por dinero.
Venezuela ha tomado medidas desesperadas para pagar sus vencimientos durante la crisis y el presidente culpa a sus enemigos por difundir rumores sobre una mora inminente.
