Al comenzar el 2024 y a su vez el año electoral, el presidente Luis Abinader emitió ayer su primer decreto, el 1-24, con el que se regulará la publicidad oficial o estatal con el fin de evitar distorsiones con la promoción de mensajes con fines propagandísticos y el uso de los recursos del erario para tales fines.
El primer decreto del año, el 1-24, que establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas o influenciadores de los medios digitales, fue firmado en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, el jefe de Estado afirmó que por primera vez en la historia un gobierno ha asumido el compromiso de regular la publicidad oficial en un contexto electoral para evitar la difusión de publicidad que no guarda relación con los servicios públicos o informaciones relevantes para la ciudadanía. El mandatario definió esto como “una camisa de fuerza” y un mensaje claro de que “hay que respetar los recursos del Estado”, tras indicar que el decreto se estuvo preparando hace cuatro meses.
“Yo sé que es extraño, es una camisa de fuerza que nos ponemos nosotros en un año electoral, pero ese es un año electoral diferente y por eso hemos mandado muchísimos mensajes de que aquí hay que respetar los recursos del Gobierno y que no deben utilizarse para fines electorales”, expresó el gobernante.
Lo que establece el decreto
Durante una rueda de prensa, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que las disposiciones de este decreto son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, las cuales serán monitoreadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).
Pimentel indicó que, a partir de ahora, la publicidad oficial será únicamente utilizada para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a información veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía.
Apuntó que no se podrá tampoco utilizar la publicidad oficial con propósitos propagandísticos para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no.
“Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los objetivos definidos en el propio decreto, entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos o informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares”, destaca el decreto.
De acuerdo con Pimentel, esto busca asegurar los propósitos institucionales y el cumplimiento de los principios constitucionales, queda expresamente prohibido el uso discriminatorio de publicidad oficial con el objetivo de presionar, censurar, coartar o privilegiar, según el caso, a comunicadores sociales o a medios de comunicación social, en razón de su línea informativa o editorial, su orientación ideológica o su posición, criterio o valoración sobre el Estado, el Gobierno o las políticas públicas. Se instruyó a las instituciones a reducir la difusión de publicidad.
Vocero dice no afectará a los que viven de publicidad
El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, fue enfático en resaltar que luego de la entrada de este decreto no habría reestructuración del presupuesto en publicidad porque ya el Gobierno lo usa eficientemente. “No va a haber que reestructurar nada porque ya era eficiente como probé con la cifra que compartí de la ejecución del 2023”, destacó. A modo de ejemplo, explicó que el gasto en comunicación durante el pasado 2023 fue de 3 mil 594 millones 417 mil 516 pesos y que no se puede partir de la cifra aprobada, ya que esta es mucho mayor. Ante la pregunta de los medios de comunicación, Homero Figueroa aseguró que los pequeños empresarios que viven de la publicidad que les coloca el Gobierno en sus medios digitales no serán afectados negativamente, porque los recursos alcanzarán para los grandes, medianos y pequeños propietarios de medios.
En un plazo de seis meses, tanto la DGCP como la Diecom deberán elaborar una propuesta de reglamento general de publicidad oficial, desde su contratación, contenido y ejecución. Una vez elaborada una propuesta inicial se socializará con los posibles interesados.
